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MIAMI.- Los venezolanos con visas B1 y B2, así como los que solicitaron asilo político al gobierno de los Estados Unidos, pueden ser sometidos a una rigurosa revisión de parte de los funcionarios de inmigración al arribar a los puertos y aeropuertos, o en el momento de tramitar el estatus ante las oficinas de inmigración.

Helene Villalonga, presidenta de la Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior (Amavex), hace referencia a las nuevas regulaciones del Departamento de Estado de la administración de Presidente Donald Trump, las cuales entraron en vigencia el 18 de octubre de este año.

Señaló que estas normas no solamente están dirigidas a los funcionarios venezolanos que han cometido algún tipo de infracción o violaciones a los Derechos Humanos, sino al ciudadano común, que viaja a Estados Unidos por placer, negocio o cualquier otro motivo.

Villalonga destacó que en las regulaciones se menciona que el Estado venezolano no colabora con EEUU al no aportar información sobre si una persona representa una amenaza para la seguridad de la nación, por lo que no puede determinar quiénes son los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que viajan con visa B1 y B2.

"Los funcionarios de inmigración también están autorizados a solicitar al viajero los dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y laptops, y las claves de acceso para revisar las redes sociales para investigar casos de inmigración y crímenes o ante solicitudes de beneficios, por lo que las informaciones publicadas pueden ser usadas en su contra" aclaró.

Según Villalonga, los venezolanos tienen costumbre de utilizar estas herramientas como “avisos clasificados”, para informar de su arribo al territorio norteamericano y solicitar ayuda para conseguir trabajo.

“Al colocar eso en una red social la persona está incursa en un delito, porque si usted está recién llegado, tiene una visa de turista y aunque haya presentado un caso de asilo político, hasta que usted no tenga el permiso de trabajo laminado que lo autorice el Departamento de Seguridad de Estado, usted no tiene que publicar sus servicios ni utilizar las redes sociales para hacer propaganda. Está violando la ley”, aseveró.

La representante de Amavex advirtió que otro grave error es compartir la aplicación de Uber y Live para ofrecer los servicios como taxista, porque los oficiales de inmigración puede interceptar la señal y determinar si el conductor tiene una licencia de seis, siete o nueve meses y si no tiene permiso de trabajo.

Casos de deportación

En agosto de este año, antes de los embates de la tormenta Irma, se llevó a cabo un experimento piloto en los puertos de Miami que consistió en que unos funcionarios camuflados mandaban señales para solicitar un servicio de Uber.

Ese día hubo 22 detenciones, entre ellos se encontraban más de cuatro venezolanos a quienes se les eliminó la posibilidad de calificar al asilo político. El grupo fue deportado porque se violó ley, ya que no se puede trabajar mientras no tenga el permiso de trabajo, aun cuando posea la solicitud de asilo político en curso y una visa B1 o B2.

El 16 de octubre entró en vigencia el veto migratorio que afecta a Venezuela, Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Corea del Norte y Chad.

Helene Villalonga señaló que ya hay registro de venezolanos afectados por esa medida, tales como un comerciante a quien le cancelaron la visa y un joven que averiguaba posibilidades de estudios, pero que al parecer tenía intenciones de quedarse y fueron deportado.

Legislación para proteger

Los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, en la sombra, sin permiso para trabajar ni licencia de conducir, deben unirse como comunidad para lograr que el Congreso apruebe el proyecto de ley HR2161, mediante el cual se podrá otorgar la legalización a quienes arribaron a este país antes del 1° de enero de 2013.

Una vez sea aprobado este instrumento denominado Ley de Asistencia para Refugiados Venezolanos, las personas deberán demostrar su nacionalidad, sea por nacimiento o naturalización, además de tener una buena moral, ser contribuyentes y no haber cometido ningún tipo de infracción o delito. También favorecerá al cónyuge sea o no venezolano.

Pero pese a los alcances positivos de esta legislación para los habitantes del país caribeño, la mayoría no acude a las asambleas organizadas para promover esta iniciativa. Villalonga afirmó que los venezolanos están sumidos en una inercia.

"Cuando hacemos el llamado para que la gente se integre y participe, por desconocimiento o miedo, no acude la cantidad que debería estar interesada. Según inmigración y el censo de 2010 existían más de 90.000 venezolanos fuera de status. Todavía nos falta el censo de 2020. Pero debemos recordar que desde 2014 a la fecha han arribado más de 400-000, de los cuales más de 200.000 se quedaron dentro del territorio. Esta cifra no es equívoca porque en el proceso electoral del plebiscito, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática en 16 de julio de este año, se determinó que nada más en Florida votaron 105.000 ciudadanos. Eso quiere decir que a lo largo y ancho de la nación deben estar viviendo más de 350.000".

Recalcó que la cifra de venezolanos que viven en la sombra, que no tienen documentos para trabajar legalmente ni para manejar, podría haberse incrementado hasta 150 mil. "Y cuidado si no más porque son entre 38.000 a 40.000 los que están aplicando a asilo político".

La entrevistada aseguró que han realizado 27 asambleas en toda la nación norteamericana, como en Los Ángeles, Texas, Nueva York, Las Carolinas. Recientemente estuvo en Chicago, en el estado de Illinois, donde hay más de 3.000 venezolanos.

“Hago un llamado para que los venezolanos se integren a este tipo de iniciativas. Como lo he dicho en las asambleas, en los años 60 los cubanos tuvieron la oportunidad de unirse como comunidad y tuvieron logros importantes, pese a que era muy joven y más reducida que la venezolana en la actualidad. También en ese tiempo el número de representantes hispanos dentro de congreso era muy Ínfima comparada con la que tenemos en la actualidad. Entre los años 60 y 80 los cubanos no tuvieron la oportunidad de tener ni redes sociales ni ningún mecanismo a través de internet por el cual poderse unir y hacer el músculo para llegar a este Congreso para que fueran escuchados. Los cubaos fueron sancionados igual como fue sancionado nuestro pueblo, pero ellos pelearon por sus hermanos que estaban aquí para poder garantizar los Derechos Humanos. Hoy pregunto a mi comunidad venezolana, es que acaso no existen suficientes razones para que nosotros los líderes de asociaciones y organizaciones y la misma comunidad nos unamos y vayamos a lograr lo que los cubanos en su momento lograron”, expresó.

El proyecto de la Ley HR2161 se encuentra en el Subcomité de Inmigración y Seguridad de Frontera. Está integrado por 14 congresistas, representantes de la Cámara Baja, que son los que toman la decisión de bajar o no un proyecto de ley para que discutido en el piso del Congreso.

En este momento estamos dirigiéndonos directamente a este subcomité mandando una postal que está diseñada con fotos de los últimos eventos ocurridos en Venezuela, con imágenes de personas que están siendo maltratadas por fuerzas de seguridad del Estado, mujeres que son golpeadas, niños sustrayendo comida de la basura y parturientas dando a luz en la calle. Le estamos dando a entender la crisis que existe en nuestro país y por qué nosotros consideramos que nuestros hermanos, acá en el territorio americano, reciban este tipo de beneficio”, planteó.

Este proyecto entró al Congreso por primera vez el 9 de octubre de 2015, identificado como HR 3744, pero que no salió del comité, y por segunda oportunidad el 26 de abril de este año. Tiene carácter retroactivo y es el producto de una fusión de la ley Nácara de ajuste cubano, y el proyecto Liberty Act que se presentó en 2012,

Si se llega a aprobar la HR 2161, se les presentará limitaciones a las personas que han cometido errores para lograr la legalización.

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