AUSTIN.- La Administración del presidente Donald Trump aseguró este miércoles que su programa de tolerancia cero es necesario, tras la publicación de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre el tráfico de seres humanos en la frontera, donde aumentaron en un 1,8% los cruces ilegales.

En comparación con el mes de abril, cuando se registraron 50.968 casos, en mayo se contabilizaron 51.912 cruces ilegales en la frontera con México.

Así pues, el Gobierno informó en un comunicado de que considera que la situación "requiere de un esfuerzo y un compromiso continuo", razón por la cual están llevando a cabo su estrategia de "reportar y enjuiciar al 100% de los inmigrantes indocumentados".

Según las estadísticas del DHS, del total de personas capturadas, 40.344 fueron sorprendidas a lo largo de línea suroeste, que comprende los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas, mientras que a 11.568 inmigrantes se les denegó la entrada en el algunos de los puertos fronterizos.

En las últimas semanas, la tensión ha aumentado debido a la medida federal que permite a las autoridades migratorias separar a las familias que cruzan la frontera, y que, de acuerdo a organizaciones de defensa de los derechos civiles, ha hecho que cerca de 700 niños sean apartados de sus padres.

"Como indican los números, estamos viendo que las unidades familiares intentan cruzar ilegalmente nuestras fronteras en tasas asombrosas, en mayo de 2018 aumentó en un 435% en comparación con 2017", explicó el Ejecutivo.

En mayo, 14.203 familias fueron detenidas tratando de pasar de forma ilegal al país y, en base a las cifras ofrecidas, 7.235 menores que iban sin acompañante adulto fueron arrestados.

De hecho, durante el mes de mayo, el número de menores que trataron de entrar en EEUU por su propia cuenta aumentó en un 26,51% respecto al mes de abril.

El DHS valora en el texto "la necesidad de construir el primer muro fronterizo nuevo en una década" y el despliegue de la Guardia Nacional en la zona.

Estas no son las únicas acciones que el Gobierno actual ha tomado para reforzar la presión migratoria, puesto que también ha cancelado o congelado algunos programas de ciudadanía como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas con nacionalidad de Honduras.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció ayer el inicio del último periodo de renovación del documento, cancelado en mayo por Trump y que afecta a 55.000 hondureños.

Por su parte, en el Congreso, legisladores de ambos partidos mantienen una disputa sobre otro de los programas más conocidos, el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

Actualmente, hay una iniciativa demócrata que pretende conseguir que "dejen de utilizar a los jóvenes como rehenes a cambio de un muro fronterizo" y que está a tan solo tres votos de alcanzar los 218 necesarios para obtener la mayoría en la Cámara.

Si la petición finalmente tuviera éxito, eludiría así el liderazgo republicano en el Congreso, con lo que habría que decidir nuevas medidas de inmigración, que pasan desde un proyecto de ley restrictivo para financiar el muro hasta la ampliación de la renovación de las visas para los "soñadores".

Sin embargo, el bando conservador insiste en que esta situación se debe a la "inacción política" de anteriores administraciones demócratas.

"Nadie espera revertir años de inacción política en una noche o en un mes, está claro que el cambio requerirá que el Congreso actúe para poner fin a las lagunas legales que nos han dejado medidas que sirven como enormes imanes para la inmigración ilegal", plantean desde el Gobierno.

FUENTE: EFE

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