MIAMI.- El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, criticó con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez al acusarlo de impulsar medidas intervencionistas que, a su juicio, debilitan el diálogo entre patronal y sindicatos.
Las declaraciones se produjeron en una entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS tras su reelección por unanimidad para un nuevo mandato de cuatro años al frente de la patronal granadina, en un contexto de creciente distancia entre el Ejecutivo central y el sector empresarial español.
Cuerva afirmó que poco puede esperar el empresariado de una Legislatura que considera en su fase final. Entre las propuestas del Ejecutivo que más rechazo le generan citó la creación de un observatorio para fiscalizar los beneficios de las empresas, una iniciativa que calificó de “fuera de lugar”.
También cuestionó el intento de incorporar a los sindicatos en los consejos de administración y de sindicalizar a las pequeñas y medianas empresas, lo que describió como un intervencionismo alejado de las necesidades reales del tejido productivo.
“Crear un observatorio para fiscalizar los beneficios de las empresas me parece fuera de lugar”, advirtió.
Sustitución del diálogo social
El dirigente granadino alertó sobre lo que considera el riesgo más grave para las relaciones laborales en España: la sustitución del diálogo social entre patronal y sindicatos por comisiones de expertos designadas por el Gobierno.
Defendió, frente a esa tendencia, un modelo de libre mercado y de no intervencionismo, y subrayó que las muestras del actual rumbo se han multiplicado en los últimos años.
“Sustituir ese diálogo sincero entre sindicatos y empresarios por comisiones de expertos nombrados ad hoc por el gobierno poco sentido tiene”, dijo.
Costes al alza y burocracia ineficiente
Cuerva describió un panorama económico complicado para las compañías españolas, con un incremento de costes que, según indicó, alcanza el doble dígito en los tres últimos años.
En esa escalada confluyen los costes laborales, el precio de la energía, las materias primas y una carga burocrática que atribuyó directamente a la ineficiencia de la administración.
Asimismo, reclamó políticas centradas en la armonización normativa y en la simplificación de trámites, y lamentó que productividad y competitividad hayan quedado relegadas en la agenda política.
“La empresa española se enfrenta a un incremento de costes muy importante y una burocracia asociada a una ineficiencia de la administración”, comentó.
Transición energética y advertencia sobre el sobrecoste
El presidente reelegido de la CGE también cuestionó el relato oficial sobre la transición energética. Advirtió de que la electrificación de la economía y el despliegue de renovables conllevan un sobrecoste que las administraciones, a su entender, no están trasladando con honestidad a la ciudadanía.
De igual forma, reclamó mayor inversión en redes de distribución eléctrica como condición indispensable para que el cambio de modelo sea viable y no quede, dijo, en una utopía.
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