En esta imagen del 2 de enero de 2020, solicitantes de asilo ingresan a Estados Unidos para presentar sus casos en el puerto de entrada de Nogales, Sonora, México.
Josh Galemore/Arizona Daily Star vía APWASHINGTON — La Corte Suprema anunció el miércoles que permitirá al gobierno del presidente Donald Trump continuar aplicando una política que hace que los solicitantes que piden asilo en Estados Unidos esperen en México antes de tener derecho a una audiencia en los tribunales estadounidenses, a pesar de fallos de tribunales inferiores de que la política probablemente es ilegal.
Todos los jueces de la Corte Suprema, excepto la jueza Sonia Sotomayor, votaron a favor de anular una orden de un tribunal inferior que habría bloqueado la política, al menos para las personas que llegan a los cruces fronterizos de Arizona y California.
La acción fue adoptada por el máximo tribunal estadounidense un día antes de que la orden del tribunal inferior entrara en vigor. Por lo tanto, la política de "Permanecer en México" seguirá en vigor mientras la demanda que la impugna se desarrolla en los tribunales, probablemente al menos hasta el final del actual mandato de Trump, en enero.
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El siguiente paso del gobierno federal sería presentar una apelación formal ante la Corte Suprema, pero es posible que los jueces ni siquiera consideren la apelación hasta el otoño y, si el caso recibe una revisión completa, los argumentos no resolverán hasta principios de 2021.
La acción tomada por el tribunal superior es la instancia más reciente en la que los jueces se ponen del lado del gobierno de Trump para permitir que sus políticas de inmigración continúen a pesar de que tribunales inferiores traten de detenerlas. Otros casos incluyen la prohibición de ingreso a visitantes de algunos países _en gran parte musulmanes_, la construcción del muro fronterizo con México y la "prueba de solvencia" de parte de las personas que buscan tener la tarjeta de residencia permanente para inmigrantes, conocidas como “green cards”.
La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, falló que la política, conocida oficialmente en español como "Protocolos de Protección al Migrante", probablemente es ilegal según la ley de Estados Unidos, al no prevenir el envío de los solicitantes a países donde sus vidas o su libertad se verían amenazadas a causa de su raza, religión, nacionalidad, creencias políticas o pertenencia a un grupo social particular.
Alrededor de 60,000 solicitantes de asilo han sido devueltos a México para que esperen ahí a que sus casos se resuelvan en tribunales de inmigración abarrotados. La política se introdujo en enero de 2019 en San Diego y luego se expandió a otros puntos de la frontera con México.
“El Tribunal de Apelaciones declaró inequívocamente que esta política era ilegal. La Corte Suprema también debería hacerlo”, dijo Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles y que representa en el caso a los solicitantes de asilo y grupos de defensa de inmigrantes. "Los solicitantes de asilo se enfrentan a peligros graves y daños irreversibles cada día que esta política depravada sigue vigente".
El Departamento de Justicia dijo que la orden del tribunal superior restablece "la capacidad del gobierno para administrar la frontera suroeste y trabajar en cooperación con el gobierno mexicano para abordar la inmigración ilegal".
Human Rights First, un grupo de defensa que se opone a la política, dijo que recopiló más de 1.000 informes públicos de secuestros, torturas, violaciones y agresiones contra los solicitantes de asilo que fueron devueltos a México.
El gobierno federal dijo en documentos judiciales que más de 36.000 de los 60.000 casos habían sido resueltos en tribunales de inmigración. Dijo que se ha otorgado asilo en menos del 1% de los casos que se han decidido. Sólo el 5% tiene la representación de abogados, muchos de los cuales son reacios a visitar a sus clientes en México.
El gobierno federal alegó que miles de inmigrantes cruzarían la frontera si el tribunal superior no intervenía.
FUENTE: AP
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