MIAMI.— Representantes del exilio cubano y funcionarios electos del sur de Florida exigieron el martes en PortMiami una revisión federal inmediata de las licencias de exportación hacia la isla de Cuba.
El grupo reunido en el puerto local denunció la entrada de vehículos de alta gama y artículos suntuosos bajo la clasificación de ayuda humanitaria, situación que, según afirmaron, financia y fortalece a la dictadura de La Habana en un momento crítico de debilidad política.
Ofensiva estratégica
La conferencia de prensa, realizada con el trasfondo de las grúas de carga que conectan a Estados Unidos con el Caribe, sirvió de plataforma para unificar el mensaje entre el activismo de derechos humanos y el poder legislativo.
Rosa María Payá, líder de la iniciativa Cuba Decide y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), marcó el tono del encuentro al calificar el cese de estos beneficios comerciales no solo como un imperativo moral, sino de seguridad nacional.
Payá sostuvo que la isla atraviesa una catástrofe humanitaria provocada deliberadamente por el sistema comunista y advirtió que cualquier recurso que no llegue directamente a las manos del pueblo termina por aceitar la maquinaria represiva.
Su postura fue respaldada por Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), quien alertó sobre la manipulación de los recursos enviados desde Estados Unidos.
Gutiérrez-Boronat insistió en la urgencia de suspender licencias y auditar a los negocios que operan dentro de la comunidad exiliada mientras mantienen vínculos comerciales cuestionables con Cuba.
Conexión Washington-Miami
Por su parte, el congresista republicano Carlos Giménez aprovechó el escenario para reiterar sus solicitudes a la administración del presidente Donald Trump.
Giménez detalló el contenido de una carta enviada recientemente a la Casa Blanca junto a sus colegas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, en la cual solicitaron la suspensión de permisos a compañías que exportan bienes de lujo.
El legislador fue enfático al señalar que investigaciones recientes han identificado el envío de motos acuáticas, jacuzzis y vehículos de alta gama, artículos que difícilmente encajan en la definición de socorro para una población empobrecida.
Según Giménez, el gobierno cubano enfrenta su condición más débil en más de seis décadas, por lo que cada dólar que termina en manos del régimen fortalece su capacidad de represión.
Cerco legal en el Condado
Entretanto, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, aclaró el alcance de sus acciones administrativas recientes.
Aunque reconoció que su oficina carece de facultades para emitir sanciones internacionales o licencias federales, competencias exclusivas del Departamento de Comercio y del Tesoro, defendió su derecho a actuar dentro del marco de la ley estatal.
Fernández explicó que la revisión de licencias locales responde al deber de garantizar que todo negocio en su jurisdicción cumpla con la normativa vigente, actuando con firmeza cuando surgen preocupaciones legítimas sobre el destino de los capitales.
Nathalie Milian Orbis, comisionada del Condado Miami-Dade, calificó los hallazgos de exportaciones millonarias como graves y anunció la preparación de una propuesta legislativa condal.
Según la legisladora, su objetivo es impedir que el gobierno condal firme contratos u otorgue beneficios a empresas vinculadas a estas exportaciones comerciales a gran escala.
Milian Orbis cuestionó la lógica detrás de etiquetar camiones de carga y equipos pesados como ayuda humanitaria cuando la legislación vigente en la isla impide a los ciudadanos comunes poseer o controlar libremente tales bienes.
La jornada concluyó con el respaldo de los comisionados municipales Miguel Ángel Cabrera y Rafael Rosado, quienes insistieron en la necesidad de reforzar la fiscalización en todos los niveles de gobierno.
