MIAMI.-SERGIO OTÁLORA
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@sergiootalora
El sindicato asegura que la ausencia de preguntas que evalúen el conocimiento jurídico y las prácticas generales podría perjudicar la vida de un ciudadano y conllevar a una demanda.
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Hace ocho años que en el departamento de Policía de la Ciudad de Miami no se hacen exámenes de ascenso para promover oficiales al rango de tenientes. Esa tarea se ha dejado en manos del jefe de la institución.
“Él los puede promover al rango de comandantes, que no requiere ningún examen”, señaló a DIARIO LAS AMÉRICAS el oficial Luís Fuste, abogado y secretario del sindicato de la Policía del Condado Miami-Dade (PBA).
Pero ocho años después la ciudad vuelve a hacer los exámenes y, en el proceso, varios de los sargentos que se presentaron para ascender al rango de teniente se quejaron ante la junta del Servicio Civil por considerar que la administración había violado la ley en la manera cómo desarrolló el contenido de las pruebas y cómo las aplicó a los candidatos.
Fuste y Michael Braverman -también abogado del PBA- fueron los representantes legales de los seis oficiales que consideraron que el proceso para medir las calidades y habilidades de los candidatos, a uno de los grados más altos dentro del escalafón policía, estaba viciado.
“Esta es la primera vez en la historia de Miami que todos los exámenes para teniente fueron orales. Nada por escrito”, aseguró Fuste. “Y lo más triste es que ninguna de las preguntas comprendió los conocimientos de la gente que tomaba el examen, es decir, las leyes, las normas, las políticas que, día a día, gobiernan a la policía”, complementó.
De acuerdo con el abogado Fuste, quien también es teniente de la policía del Condado Miami-Dade, en este momento “hay 40 tenientes promovidos en los últimos cuatro meses y, honestamente, la ciudad no sabe si tienen el conocimiento de las leyes y políticas que cambian cada año”.
Las denuncias
El pasado 1 de diciembre la junta del Servicio Civil, compuesta por cinco miembros, recibió la demanda de los oficiales que alegaron que la administración de la Ciudad de Miami, por la manera cómo había hecho y administrado los exámenes de ascenso al grado de teniente, había violado las siguientes normas del Servicio Civil: la regulación 6.3, atinente al contenido de las pruebas; la 6.5, relacionada con la manera de calificación de las pruebas, y la 17.1, que tiene que ver con prácticas y penalidades.
No es la primera vez que la Ciudad de Miami se ve enfrentada a este tipo de demandas por parte de su cuerpo de policía.
En 1977, ese departamento, el Gobierno federal y el sindicato de la Policía de Miami, llegaron a un acuerdo (consent decree) de no discriminación, después de que el municipio fuera demandado, en 1975, por prácticas del departamento de Policía que discriminaban a agentes afroamericanos, hispanos y a las mujeres. En dicho acuerdo, las autoridades municipales tuvieron que establecer un proceso de promoción de oficiales que protegiera a las minorías.
Más adelante, en 1979, la Ciudad adoptó una ordenanza -la 8977- en la que obligaba al director de personal de la ciudad a certificar, por cada vacante abierta, a ocho candidatos: cinco escogidos en orden de rango para presentar el examen de ascenso, y los otros tres seleccionados por el director dentro de las minorías. Después de las certificaciones, cada uno de los candidatos debía ser entrevistado por el jefe de la Policía. Y de acuerdo con esa misma ordenanza, el examen escrito no jugaba ningún papel en el momento de la decisión final.
Soluciones
Es a la luz de esta turbulenta historia que, en el presente, hay de nuevo serias preocupaciones por el nivel de preparación que puedan tener los oficiales de alto rango que patrullan las calles, o tienen en sus manos decisiones que pueden afectar al departamento de Policía o a los residentes de la ciudad.
“Lo más interesante de este caso es que los oficiales protestan porque piensan que la manera en que el examen fue administrado, es como si la ciudad de Miami no estuviera buscando a los mejores candidatos para ser tenientes”, indicó Fuste.
De las tres violaciones a los códigos del Servicio Civil, supuestamente cometidas en el proceso de ascensos policiales, la Junta aceptó sólo una: la manera cómo se calificaron las pruebas.
El municipio les entregó a los candidatos un paquete con todos los contenidos que debían estudiar para los exámenes, divididos en una parte escrita y otra oral. Además, antes de tomarlos, los oficiales han debido saber el valor, en porcentajes, de cada una de las porciones de la prueba.
Pero no fue así. De acuerdo con Fuste, “la Junta estuvo de acuerdo con nosotros en que los valores dados al examen deben ser explícitos antes de que se hagan las pruebas, para que después no haya acusaciones contra la administración por favoritismos”.
Uno de los miembros de la Junta, en las audiencias seguidas para investigar las denuncias de los oficiales, recomendó “más transparencia y, para el futuro del proceso de la administración de las pruebas, el departamento [de Policía] debe incluir una parte escrita en el examen, como se había hecho en el pasado, dar los porcentajes de cada componente de la prueba por anticipado o valorarlo por igual, e incluir preguntas o ejercicios que evalúen el conocimiento de la información contenida en los manuales enviados a los candidatos”.
Nueva demanda
Pero la Junta, al final de sus decisiones, no dio ninguna recomendación al administrador de la ciudad para que remedie la situación expuesta por los denunciantes. Lo que sigue, por lo tanto, es que éstos lleven sus quejas a una corte federal, como lo expresó Fuste.
Este abogado, vinculado al departamento de Policía desde hace 32 años, opina que se deben “cambiar las reglas que gobiernan los exámenes de ascenso. Como están escritas las reglas, la ciudad puede hacer lo que quiera y como quiera, y el que pierde aquí no sólo es el departamento, sino el público”.
En este momento, los cuerpos policiacos a lo largo y ancho de Estados Unidos están en la mira, por la cantidad de incidentes que ha habido en los últimos tiempos.
El policía hoy, según Fuste, debe conocer muy bien las leyes, porque ahora la sociedad es más compleja, a diferencia de cuando él entró a la institución. Además, en un incidente a las 10 de la noche un teniente es el rango más alto que está en la calle, no puede consultar a un abogado, y cualquier decisión que tome “puede perjudicar la vida de un ciudadano y también al departamento porque puede sobrevenir una demanda”.
“Los policías esperan que el examen se haga de una manera más justa y que examine los asuntos que requiere un teniente”, enfatizó Fuste.
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