Alcaldesa electa de Miami anuncia freno a la cooperación policial con agentes de Inmigración

Durante su primera rueda de prensa tras la victoria electoral del martes, Higgins enfatizó que la misión de los oficiales locales debe centrarse exclusivamente en la protección de los vecindarios y la prevención del crimen, con lo que rechazó que se destinen recursos municipales a la persecución del estatus migratorio de los residentes.

Para formalizar esta postura, la edil electa anunció que su equipo jurídico ya evalúa las vías legales para retirar a Miami de acuerdos de cooperación como el 287(g), que actualmente facilita la colaboración entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta medida busca revertir la dinámica del gobierno anterior y garantizar que la fuerza policial se enfoque en sus competencias locales, bajo la premisa de que la fiscalización de fronteras es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal y que en el ámbito local hay "otras prioridades".

Higgins argumentó que involucrar a la policía en tareas migratorias resulta contraproducente para la seguridad pública, ya que provoca que víctimas y testigos de crímenes en comunidades vulnerables eviten contactar a las autoridades por temor a ser deportados, lo que en última instancia deja los delitos impunes.

La incorporación de Miami al programa 287(g) fue aprobada en junio por la Comisión de la Ciudad en una ajustada votación de 3 a 2. La mayoría del órgano legislativo municipal puso en contexto la necesidad de alinearse con las directrices estatales impulsadas desde Tallahassee, una decisión que Higgins calificó hoy como producto del "miedo político".

El desafío jurídico que emprenderá el nuevo gobierno local se anticipa complejo, dado el estricto marco legal de Florida contra las llamadas "ciudades santuario".

Sin embargo, la estrategia de Higgins se fundamenta en la naturaleza técnicamente voluntaria del programa federal y sostuvo que el departamento policial puede cumplir con la ley estatal de cooperación básica sin necesidad de firmar un contrato formal que distraiga recursos y personal en funciones de deportación.

Nueva estructura de poder

En el ámbito político, Higgins abogó por una reforma estructural que democratice las decisiones en el ayuntamiento. Es así como dijo respaldar la iniciativa para ampliar la Comisión de la Ciudad de cinco a nueve miembros, una medida que busca diluir la concentración de poder que, a su juicio, ha perjudicado a los residentes durante demasiado tiempo.

"Hemos visto por décadas y décadas que tuvimos una ciudad en la cual tres hombres estaban en control de todas las cosas y, a veces, no en maneras muy buenas para la gente", sentenció.

Su visión de gobierno incluye una colaboración pragmática con las autoridades federales cuando beneficie a la gobernanza local, como el reciente financiamiento de un proyecto de transporte que puso de ejemplo.

"Agradezco a nuestro presidente para este apoyo", dijo en referencia a los casi 400 millones de dólares asignados para el nuevo tren entre el Downtown y Aventura, proyecto que calificó como "muy bueno para la ciudad de Miami".

No obstante, la próxima titular del ayuntamiento local no descartó posibles confrontaciones con Washington y Tallahassee en materia de derechos civiles para proteger a sus residentes inmigrantes.

Guerra a burocracia y costos ocultos

El eje central de la propuesta económica de Higgins radica en destrabar el desarrollo urbano, al que considera “asfixiado” por la ineficiencia municipal.

La alcaldesa electa identificó los tiempos de espera en los permisos de construcción como un factor determinante en el encarecimiento del costo de vida.

Según sus palabras, la demora administrativa actual duplica los tiempos de ejecución de los proyectos residenciales, lo que impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos.

"El proceso de construir y abrir unidades nuevas puede durar cuatro años. Dos años de burocracia en el proceso de permisos y dos años de trabajo actual en la construcción", detalló Higgins.

A lo que sumó lo que considera las consecuencias financieras de esta parálisis: "Durante este proceso de dos años de permisos, los costos aumentan 40%".

Para combatir esta situación, el nuevo gobierno municipal planea una “reingeniería” de los departamentos de edificación mediante el uso de tecnología avanzada y la profesionalización del personal.

Higgins denunció que los trabajadores municipales han operado bajo condiciones adversas en los últimos años.

"Los empleados han trabajado en un ambiente muy difícil debido del clima de la Comisión, siempre gritando, y un clima de temor", afirmó, por lo que se comprometió a instaurar un ambiente "más profesional" para implementar ideas innovadoras.

La victoria de Higgins cierra un ciclo electoral tenso, definido por la preocupación ciudadana ante el costo de la vida y la percepción de inestabilidad en el ayuntamiento de Miami.

Higgins logró capitalizar el descontento de diversos sectores con una plataforma que combinó el pragmatismo económico con una agenda social progresista, tras derrotar a González, quien representaba una línea más conservadora.