La iniciativa HB 465 / SB 822 superó su primer comité en la Cámara con voto unánime y busca elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas en condominios, cooperativas y asociaciones de propietarios
Capitolio estatal de Florida.
CÉSAR MENÉNDEZ/DLA MIAMI.- Un proyecto de ley que obliga a las asociaciones de propietarios con ingresos anuales de 500.000 dólares o más a contratar empresas de administración comunitaria con licencia avanzó de forma unánime en su primer comité legislativo en Tallahassee, medida respaldada por del sector de la administración comunitaria.
La propuesta HB 465/SB 822, impulsada por el representante republicano Danny Nix, y el senador Joe Gruters, ambos de Sarasota, apunta a cerrar vacíos regulatorios y fortalecer la supervisión profesional en comunidades residenciales de Florida. De aprobarse, los nuevos requisitos entrarían en vigor el 1 de enero de 2027.
La legislación obliga a que condominios, cooperativas y asociaciones de propietarios (HOA) con presupuestos iguales o superiores a 500.000 dólares contraten empresas de administración debidamente licenciadas, conforme a la Parte VIII del Capítulo 468 de los Estatutos de Florida.
Además, impone a los miembros de las juntas directivas y funcionarios la responsabilidad específica de verificar la licencia del administrador o de la empresa antes de firmar cualquier contrato.
El esquema propuesto armoniza la gestión administrativa con estándares ya vigentes en materia de auditorías financieras, donde asociaciones con presupuestos elevados deben recurrir a profesionales licenciados (CPA).
Según los patrocinadores, la medida responde a la falta de cumplimiento y de mecanismos de ejecución consistentes entre los capítulos que rigen a las asociaciones (Cap. 718, 719 y 720), especialmente en el caso de las HOA, donde no existe supervisión estatutaria a nivel estatal.
En Florida, cuando una asociación comunitaria (condominio, cooperativa u HOA) supera ciertos umbrales de presupuesto, la ley ya exige que sus finanzas sean auditadas por un CPA con licencia, el nuevo proyecto lo que hace es lo extenderlo al obligar que asociaciones con presupuestos superiores a medio millón de dólares también cuenten con empresas de administración licenciadas, elevando así los estándares de transparencia, control y rendición de cuentas.
Tras el voto unánime en el Comite de la Cámara de Agricultura y Turismo, Mark Anderson, director ejecutivo de Chief Executive Officers of Management Companies (CEOMC), celebró el avance:
“Este voto confirma que proteger a los propietarios de Florida mediante mayores estándares de responsabilidad es una prioridad. HB 465 cierra una brecha regulatoria crítica al garantizar que las asociaciones con grandes presupuestos cuenten con profesionales licenciados. Aplaudimos a los legisladores por promover este paso vital hacia la transparencia y la consistencia profesional”.
Los fundamentos
Según CEOMC, la legislación intenta cerrar vacíos regulatorios que hoy dejan a muchos propietarios sin mecanismos efectivos de protección cuando se producen incumplimientos en la gestión de sus asociaciones, especialmente en comunidades autoadministradas.
Al exigir que las asociaciones con presupuestos elevados contraten empresas de administración con licencia, la ley establece un piso mínimo de cumplimiento sin ampliar de forma significativa el tamaño ni el costo del gobierno estatal, al tiempo que crea vías de recurso y supervisión a nivel estatal antes de que los conflictos deriven en costosos litigios civiles o penales.
Además, refuerza la rendición de cuentas, ya que las empresas administradoras estarán obligadas a cumplir tanto con su régimen de licencias profesionales (Capítulo 468) como con las leyes que rigen a las asociaciones comunitarias (Capítulos 718, 719 y 720 de los Estatutos de Florida) afirmó CEOMC que representa a más de 18. 000 administradores comunitarios licenciados, que supervisan 14.000 asociaciones y sirven a más de seis millones de propietarios en Florida.
La iniciativa también establece de plazo hasta 2027 para que las asociaciones tengan tiempo suficiente para adaptarse, revisar contratos y cumplir con los nuevos requisitos.
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