La propuesta que divide a gobiernos locales y lideres estatales por su impacto fiscal deberá obtener el respaldo del 60% de los votantes para entrar en vigor
El sector inmobiliario se encuentra en una crisis desde hace varios años en Florida.
PATRICK T. FALLON/ AFP
Ron DeSantis reconoció que el tema sigue siendo objeto de negociaciones y no descartó la convocatoria a una sesión legislativa especial para alcanzar un consenso antes de que expire el plazo para incluir la medida en la boleta electoral de noviembre.
UNPLASH La propuesta tiene como objetivo aliviar la carga tributaria de los propietarios sin provocar un impacto abrupto en las finanzas locales.
JESÚS HERNÁNDEZ / DLA MIAMI.- La Cámara de Representantes de Florida dio luz verde este jueves a una iniciativa que propone disminuir de forma progresiva los impuestos a la propiedad no destinados al sistema escolar, una medida que ahora deberá ser sometida al voto popular y obtener al menos el 60 % de respaldo para entrar en vigor.
La propuesta, identificada como la Resolución Constitucional HJR 203, fue aprobada mayoritariamente por legisladores republicanos y plantea un aumento anual de $100,000 en la exención fiscal aplicada a la vivienda principal durante los próximos diez años, con el objetivo de alcanzar una exención total a partir de 2027.
Según sus promotores, el plan busca aliviar la carga tributaria de los propietarios sin provocar un impacto abrupto en las finanzas locales. La representante estatal Monique Miller, patrocinadora de la iniciativa, sostuvo que "la reducción escalonada permitiría a los gobiernos municipales y condales adaptarse gradualmente a la disminución de ingresos y diseñar alternativas fiscales responsables, sin afectar servicios esenciales como la policía, los bomberos y los equipos de respuesta a emergencias."
No obstante, ante el plan se ha generado una fuerte oposición entre autoridades locales y organizaciones municipales, que advierten sobre un posible déficit multimillonario. Charles Chapman, consultor legislativo de la Liga de Ciudades de Florida, afirmó que la resolución "no representa un verdadero alivio fiscal, sino un traslado de la carga impositiva hacia otros sectores, como los negocios y los inquilinos, mediante el aumento de tarifas, evaluaciones especiales y tasas aplicadas a propiedades no exentas."
El gobernador Ron DeSantis reconoció que el tema sigue siendo objeto de negociaciones y no descartó la convocatoria a una sesión legislativa especial para alcanzar un consenso antes de que expire el plazo para incluir la medida en la boleta electoral de noviembre. Durante un evento en Tallahassee, señaló que los legisladores tienen hasta principios de agosto para cerrar el proceso.
En su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026–2027, DeSantis incluyó una asignación de $300 millones destinada a apoyar a los condados rurales que podrían verse más afectados por una eventual reducción o eliminación del impuesto a la propiedad.
De acuerdo con estimaciones presentadas ante el comité legislativo por Jeff Scala, subdirector de la Asociación de Condados de Florida, "la reforma podría representar un impacto cercano a los $2,900 millones en ingresos para 40 condados tan solo en el primer año, en caso de ser aprobada por los votantes."
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