MIAMI.- Sin más preámbulo que la sospecha de otro rifirrafe, la Comisión de Miami falló no fallar nada, o al menos eso fue lo que se percibió hoy jueves, durante las primeras del pleno municipal.

La agenda del día comenzaría con el análisis del veto del alcalde, quien aludió que “la Comisión no debería pedir una investigación al auditor general de la Ciudad”, ya que éste reporta a los comisionados y cualquier informe podría ser “injusto”.

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Pero el comisionado Joe Carollo no cree necesario que el alcalde pida una investigación independiente para abordar las acusaciones contra González, sobre todo ahora que el administrador renunció y no procede la moción de censura que los hubiera cesado de su cargo.

Esta intervención, unida una serie de infortunios y declaraciones sucedidas en los pasados días, desde el supuesto caso de corrupción de menor del portavoz personal de Suárez, René Pedroza, hasta el cuestionamiento sobre una presunta ‘corrección’ de datos en su expediente laboral, podría haber impulsado la reacción del alcalde.

“Puedes presentar todas las mociones que quieras pero no me vas a dictar cómo hacer mi trabajo”, contestó el alcalde visiblemente incómodo.

“Podrás tener todas las diferencias personales que quieras conmigo, pero no me vas decir cómo trabajar. Yo seré el alcalde por al menos cuatro años y sé lo que tengo que hacer y no podemos seguir aquí, haciéndole perder el tiempo a la gente que viene a ver las resoluciones que debemos tomar”, subrayó.

En resumen, Carollo no cree importante abordar el veto del alcalde, ya que según el análisis de la abogada del ayuntamiento, Victoria Méndez, la denegación del alcalde “a este tipo de asunto (investigación interna) no está contemplada en la ley municipal” y por lo tanto “el alcalde no puede vetarla”.

“Si es ilegal, entonces no hay por qué analizar el veto”, alegó Carollo.

Suárez optó por pedir una estudio independiente, sin costo para el municipio, sobre lo que puede vetar o no un alcalde, ya que según el edil, “lo que antes se podría vetar ahora no se puede y la ley no ha cambiado”.

Minutos después, más de 20 simpatizantes de la campaña que pretende cesar a Carollo, que vestía camiseta con la consigna “Recall Joe”, o cesen a Joe, entraron silenciosamente en el salón del pleno.

El comisionado, visiblemente sorprendido, guardó silencio mientras una veintena de residentes de Miami hacían fila para hablar en el podio público del salón.

Minutos después, el comisionado Manolo Reyes se dirigió al alcalde: “Usted no puede vetar lo que quiera. La ley municipal es clara, una investigación de este tipo no se puede vetar, lo ha dicho la abogada del ayuntamiento. Y si usted solo confía en la abogada cuando le conviene, entonces no estamos bien”.

Falta de información

Por otra parte, la Comisión abordó a medias la solicitud de la empresa Illumination Technologies LLC de alquilar 26 postes de la ciudad, a 30 dólares por mes cada uno, para instalar una red digital de cámaras de seguridad, servicio público de internet WiFi, lector de matrículas y otros servicios, sin costo para el municipio.

Los comisionados apenas conocían de la existencia de la propuestas pero el jefe de la Policía, Jorge Colina, insistió en la importancia de las cámaras de seguridad, “como protectores y esclarecedores de delitos”.

“Por ejemplo”, planteó el jefe de la Policía, “si ocurre un asesinato y tenemos la oportunidad de verificar si cierta persona estuvo en esa calle cuando ocurrió el suceso, el vídeo captado por la cámara de seguridad nos ayudaría mucho”.

Carollo expresó su preocupación por los “derechos de la privacidad” del público, que no les gustaría ser captados por una cámara cuando andan por esos sectores de la ciudad, mientras el comisionado Ken Russell dijo lo mismo de otra manera y le reclamó proteger “la calidad de vida”.

Sorpresivamente, el excongresista Lincol Díaz Balart, que ahora trabaja como consultor de la mencionada empresa tecnológica, acudió al pleno del municipio para hablar de las bondades del proyecto.

“Nada que perder y mucho que ganar. Es una gran oportunidad para Miami”, alegó el excongresista.

La firma instalaría los equipos necesarios en 11 postes a lo largo de Brickell Avenue y 15 en Coral Way.

El presidente del grupo empresarial, Jorge Hernández, no detalló cómo el servicio público de WiFi sería establecido pero aseguró que no se trata de un negocio para hacer dinero.

El comisionado Reyes preguntó “cuánto costaría instalar un servicio de esta envergadura, incluyendo WiFi. Y tal vez nos daríamos cuenta cuán bueno es para entender el beneficio social que nos traería”.

“Costaría unos cinco millones de dólares”, alegó una de las asistentes de empresa tecnológica.

Entonces, ¿Por qué una firma privada asumiría ese rol?

“Tenemos otras opciones y hacemos esto como contribución social. Queremos que Miami sea un ejemplo tecnológico en la costa Este del país”, sostuvo Hernández.

“No creo que se trate de algo de lo que no harán dinero”, opinó Russell.

“Si van a hacer dinero, quiero saber cuánto”, sostuvo Russell.

“Vamos a tratar de trabajar juntos en esto en vez de fijarnos en diferencias”, valoró Hernández.

Al final, como ya casi se ha hecho costumbre, la Comisión decidió posponer el asunto.

“Esto es un ejemplo claro de no obtener suficiente información del administrador de la ciudad, que fue quien sugirió este asunto. Y por eso fue que acordamos botarlo el pasado mes de diciembre”, argumentó Carollo.

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