MIAMI.- El comisionado de Miami-Dade Joe Martínez se entregó a la fiscalía estatal para afrontar acusaciones por supuestamente haber recibido un pago de 15.000 dólares para ayudar al propietario de un local comercial que enfrentaba violaciones al código urbanístico del condado.
Martínez es acusado de “recibir una compensación ilegal y de conspirar para beneficiar a una tercera persona”, según expone la orden de arresto.
Ambas acusaciones son consideradas por ley como delitos punibles de tercer grado que pudieran representar hasta cinco años de prisión por cada uno.
Horas después, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, confirmó, durante una conferencia de prensa, las acusaciones y expuso “que un funcionario público solicite fondos para beneficiarse a sí mismo o a sus socios comerciales es tanto ilegal como ofensivo”.
"Hay mucha gente buena y trabajadora en el gobierno que respeta y honra la confianza del público", añadió.
Martínez, 64 años, se entregó al centro de retención penitenciaria de Miami-Dade y horas después fue ‘liberado’ bajo una fianza de 12.500 dólares.
Es muy probable que el Gobierno estatal, a través de una orden del gobernador, suspenda a Martínez de su cargo, lo que resultaría en la asignación de un legislador temporal por parte de la Comisión condal.
El informe de la investigación revela que Martínez aceptó 15.000 del dueño de un supermercado, que enfrentaba repetidas multas por tener demasiadas unidades de almacenamiento en la propiedad.
A cambio del dinero, la fiscalía estatal sostiene que Martínez impulsó una legislación condal que permitiría que el supermercado y su arrendador pudieran tener un número mayor de contenedores.
Aunque la legislación finalmente no fue aprobada, los funcionarios dicen que los cargos tienen lugar.
No obstante, el abogado Kendall Coffey, por medio de un comunicado, señaló que la acusación está basada en “acusaciones falsas que surgieron de su trabajo de práctica privada como consultor, cuando era un ciudadano privado y no un funcionario electo”.
La comunicación plantea que “el comisionado Martínez deja en claro que es inocente de cualquier delito y tiene la intención de trabajar agresivamente para limpiar su nombre”.
Martínez, que fue teniente de la Policía condal, fue elegido al cuerpo legislativo condal en 2000 por primera vez. Más tarde en 2012, renunció al escaño para aspirar infructuosamente a la alcaldía condal.
Luego optó por la candidatura republicana para el Congreso en 2014, que tampoco obtuvo.
Sin embargo, regresó a la palestra condal en 2016 y fue elegido en 2016 y más tarde reelegido en 2020.
Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava contestó a la pregunta de la prensa sobre la incriminación del comisionado: "La confianza pública en el gobierno es esencial para nuestra democracia. Y, por supuesto, no sabemos nada más sobre los detalles en este momento y cuando los sepamos estaremos en condiciones de responder, pero en este momento no tengo nada más para decir."