MIAMI.- Entre los muchos funcionarios del régimen cubano que han abandonado la isla y han terminado afincándose en Estados Unidos destaca Saúl Santos Ferro, 74 años, quien fue agente de la fuerza secreta y temido represor de la oposición, y acaba de ser condenado a seis meses de cárcel y una multa de más de 12.000 dólares por mentir a la autoridad de Inmigración en Estados Unidos.
Santos Ferro fue acusado de mentir al negar su filiación con una entidad gubernamental, y represiva, cuando optó por beneficiarse de la ley estadounidense, que permite a los nacionales cubanos solicitar la residencia permanente.
Según el informe divulgado por la fiscalía federal en Miami, Santos Ferro no solo mintió, sino, además, recibió dinero del Gobierno federal en concepto de ayuda social por su condición de refugiado y avanzada edad, entre los años 2016 y 2019.
Además de la pena carcelaria, Santos Ferro tendrá que pagar $12,522.28 dólares, como parte del monto que recibió.
El hombre solicitó la residencia permanente a un año y un día de haber entrado a Estados Unidos, tal como reclama la vigente Ley de Ajuste Cubano, creada precisamente para quienes huyen de la dictadura en Cuba y no para quienes la defienden.
Al llenar el formulario, Santos Ferro aseguró que “nunca” perteneció a organismos policiales o que participó en actos de violación de derechos humanos.
Meses después, el individuo recibió una respuesta afirmativa, que le otorgaba la residencia permanente en Estados Unidos, en base a la información fraudulenta que proveyó.
Sin embargo, la buena suerte de Santos Ferro terminó cuando alguien lo reconoció en un local comercial en Miami, donde le tomó una foto para luego establecer una denuncia ante la organización Cuba Represor ID, que acoge denuncias contra agentes de la dictadura de Cuba y las procesa con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
De esta manera, el hombre fue detenido el pasado mes de febrero y sometido a un proceso de investigación, cuando confesó haber mentido.
Tras cumplir la sentencia, Santos Ferro será presentado ante una Corte de Inmigración, donde podría ordenarse su deportación.
El caso fue investigado además por la unidad de Derechos Humanos del FBI, que contó con la colaboración de los fiscales Rami S. Badawy y la historiadora Joanna Crandall.
Si desea obtener más información sobre este caso u otros, consulte el portal www.flsd.uscourts.gov o pacer.flsd.uscourts.gov en internet.