Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez solicitaron reactivar la causa penal contra Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos de Hermanos al Rescate en 1996
Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
Archivo/DLAMIAMI. — Un grupo de congresistas republicanos solicitó formalmente a la administración del presidente Donald Trump y a la fiscal general Pam Bondi la reapertura de una investigación criminal contra el exmandatario cubano Raúl Castro, a quien señalan como el máximo responsable del derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate.
La petición, formalizada en una carta enviada el 13 de febrero, busca que el Departamento de Justicia encause al dirigente cubano por la muerte de cuatro personas ocurrida en espacio aéreo internacional, un suceso del cual se cumplirán 30 años la próxima semana.
Los representantes María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez —todos del sur de Florida— junto a la congresista por Nueva York, Nicole Malliotakis, instaron a las autoridades federales a "revisar la evidencia previamente recopilada" y utilizar todas las herramientas legales disponibles para terminar con la impunidad.
Los legisladores sostienen que existe una oportunidad histórica para responsabilizar a los autores intelectuales del ataque, perpetrado el 24 de febrero de 1996.
El argumento central de los legisladores radica en la posición que ocupaba Raúl Castro en el momento del ataque: ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Según la misiva, la operación militar no pudo ejecutarse sin una orden directa del más alto nivel.
"La evidencia es contundente, la cadena de mando es clara y la responsabilidad recae directamente sobre Raúl Castro", afirmó el congresista Carlos Giménez.
Esta postura se sustenta en evidencias documentales y grabaciones que han salido a la luz pública en las últimas décadas.
En una grabación divulgada años atrás por medios de Miami, se escucha presuntamente a Raúl Castro admitir ante funcionarios del Partido Comunista que él dio la orden de derribar las naves: "Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan", habría instruido el general.
Díaz-Balart recalcó que Castro ha estado en el centro de los crímenes del régimen durante casi siete décadas y que el ataque contra aeronaves civiles desarmadas constituye un acto atroz que no debe prescribir.
El incidente ocurrió cuando dos aviones de combate MiG-29 de la Fuerza Aérea Cubana interceptaron y destruyeron dos avionetas Cessna 337 de Hermanos al Rescate, una organización humanitaria dedicada al avistamiento y auxilio de balseros en el Estrecho de Florida.
En el ataque perdieron la vida Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
Aunque La Habana alegó que las aeronaves violaron su soberanía, una investigación exhaustiva de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) concluyó en 1996 que el derribo se produjo sobre aguas internacionales.
Este hecho provocó una condena mundial y llevó al entonces presidente Bill Clinton a firmar la Ley Helms-Burton, que codificó el embargo estadounidense contra la isla.
"Durante décadas, Raúl Castro y los funcionarios del régimen que ordenaron este vil ataque se han refugiado en una dictadura brutal", declaró la congresista María Elvira Salazar, quien subrayó que la era de la impunidad "debe terminar".
La búsqueda de justicia en los tribunales estadounidenses ha tenido avances parciales pero insuficientes para los familiares de las víctimas.
En 2003, un gran jurado federal en Miami acusó formalmente al general Rubén Martínez Puente, entonces jefe de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR), y a los pilotos Lorenzo Alberto Pérez-Pérez y Francisco Pérez-Pérez. Sin embargo, Martínez Puente falleció en Cuba en 2021 sin enfrentar juicio, y los pilotos permanecen prófugos de la justicia estadounidense.
Asimismo, fiscales federales vincularon el derribo con las actividades de la "Red Avispa", un grupo de espionaje cubano desmantelado en 1998.
Gerardo Hernández, líder de la red, fue condenado inicialmente por conspiración para cometer asesinato en relación con el derribo, aunque posteriormente fue liberado e intercambiado durante el deshielo diplomático de 2014.
Ahora, con un nuevo clima político en Washington, los legisladores republicanos presionan para que la justicia apunte directamente a la cúspide del poder en La Habana, solicitando incluso la evaluación de una alerta roja de Interpol contra el nonagenario general Raúl Castro.
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