La decisión de la alcaldesa de Miami-Dade reabre el debate sobre planificación territorial, preservación de ecosistemas estratégicos y los límites del crecimiento en el condado
Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
CESAR MENENDEZ DLA MIAMI.- Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, vetó una ordenanza aprobada por la Comisión del Condado que abría la puerta a un nuevo desarrollo industrial fuera del Limite de Desarrollo Urbano (UDB, por sus siglas en inglés), al considerar que la propuesta no ofrecía garantías suficientes para proteger humedales ambientalmente sensibles del oeste de Miami-Dade.
Se conoce como Límite de Desarrollo Urbano en Miami-Dade a la barrera de planificación que separa las zonas residenciales y comerciales de las tierras agrícolas y los Everglades. Fue establecida en la década de los 70 para frenar la expansión urbana descontrolada y proteger el medio ambiente.
En una decisión formalizada mediante el veto a la Ordenanza 26-4, la alcaldesa revirtió la aprobación otorgada por la Comisión el pasado 22 de enero, que autorizaba una enmienda al Plan Maestro de Desarrollo Integral (CDMP) para un proyecto promovido por Kelly Tractor Company en un terreno de 246 acres ubicado al oeste de la avenida NW 137.
En su mensaje oficial, la alcaldesa sustentó el veto en dos ejes principales: el impacto sobre humedales de alto valor ecológico y el procedimiento empleado para introducir usos urbanos fuera del límite de expansión.
En materia ambiental, el veto señala que la aplicación impacta áreas catalogadas como Humedales de importancia regional, esenciales para el manejo hídrico, la protección del hábitat y la filtración del agua que recarga el acuífero. "No se abordaron suficientemente los impactos en humedales de excepcional valor ambiental, precisamente el tipo de humedales que las políticas del condado buscan proteger" manifestó la alcaldesa.
En su argumentario detalló que unos 62 acres de humedales bajo convenios de preservación resultarían afectados, además de cerca de 100 acres adicionales que requerirían mitigación.
Aunque la alcaldesa reconoció que la Comisión negoció condiciones y exigió se realizara medidas de mitigación, afirmó que no hubo un compromiso claro para priorizar la restauración en el North Trail Basin ni garantías de una compensación ambiental suficientemente robusta.
Levine-Cava subrayó que estos humedales cumplen funciones críticas de salud pública y seguridad, como la reducción del riesgo de inundaciones y la filtración del agua antes de llegar al acuífero, y recordó que su preservación contribuye a mantener la calificación del condado en el programa federal de seguros contra inundaciones, con impacto directo en las primas que pagan los residentes.
“Nuestra comunidad y nuestros humedales son responsabilidades fundamentales. Veté una propuesta que habría permitido avanzar sin protecciones ambientales suficientemente fuertes”, afirmó la alcaldesa, quien insistió en que el desarrollo debe equilibrarse con la protección de los sistemas naturales que sostienen el agua, el ambiente y la calidad de vida.
El segundo eje del veto es institucional. Según la alcaldesa, la solicitud recurrió a una enmienda de texto del Plan Maestro para introducir usos urbanos e infraestructura fuera del Límite de de Desarrollo Urbano (UDB) sin seguir el proceso formal para modificar ese límite.
"Se utilizó el proceso de enmienda de texto para eludir las políticas existentes de Límites de Desarrollo Urbano , políticas importantes y de larga data establecidas por esta Comisión para garantizar que nuestra comunidad crezca de manera inteligente y responsable".
El procedimiento tradicional exige análisis de crecimiento, evaluación fiscal, estudios de infraestructura y compromisos específicos, sostiene el veto. Sin embargo, la via utilizada no alcanzó ese nivel de escrutinio por lo que sentaría un precedente que debilitaría políticas históricas contra la expansión descontrolada y en defensa de áreas ambientalmente sensibles.
La alcaldesa aclaró que los procedimientos establecidos "obligan a los solicitantes a demostrar cuál sería el impacto real de sus proyectos, incluyendo los costos futuros para el condado al prestar servicios públicos en zonas que no cuentan con infraestructura existente. El objetivo es evitar que, con el tiempo, esos gastos terminen siendo financiados con los impuestos a la propiedad que pagan los residentes y negocios del resto del condado".
La iniciativa promovida por Kelly Tractor Company planteaba modificar el texto del Plan Maestro de Desarrollo en un área clasificada como Open Land Subarea 3 para crear una nueva designación denominada “Área de Equipamiento y Servicios de Apoyo MIA”.
El objetivo de la empresa de maquinaria pesada con sede en Doral, era construir un nuevo headquarters corporativo en el terreno cercano a la Dolphin Expressway. La compañía argumentó que la ubicación resultaba lógica por su proximidad a usos comerciales e industriales existentes y porque una porción del predio ya se encuentra dentro del UDB. También la compañía, que desde 1933 es distribuidor de maquinaria Caterpillar, argumentó que su permanencia y crecimiento en Miami-Dade dependen de este espacio. Ya que no existen terrenos industriales con las dimensiones necesarias dentro de los límites actuales para albergar maquinaria pesada de gran tonelaje.
Además, la empresa señaló que años atrás el propio Condado evaluó construir en ese mismo terreno una planta de tratamiento de aguas residuales, proyecto que finalmente no se concretó.
En sus etapas iniciales, la propuesta contemplaba un cambio de uso del suelo y la expansión del límite urbano (UDB), pero ambas opciones fueron retiradas antes de la votación final. La versión que aprobó la Comisión se limitó a la creación de la nueva categoría dentro del CDMP e incluyó una serie de compromisos y restricciones específicas para el desarrollo del proyecto.
Con el veto, la ordenanza queda sin efecto salvo que la Comisión intente anularlo con el voto de la mayoría calificada de dos tercios. Es decir, 9 de los 13 comisionado. De no lograrse, la enmienda al Plan Maestro no entrará en vigor y el proyecto no podrá avanzar bajo la categoría solicitada.
En este caso, el desarrollador podrá presentar una nueva propuesta ajustada a las observaciones ambientales y procesales del veto o iniciar un trámite formal para modificar el UDB.
Este hecho reabre el debate histórico en Miami-Dade sobre crecimiento económico, protección ambiental y el respeto al límite urbano como herramienta central de planificación territorial.
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