lunes 11  de  noviembre 2024
FLORIDA

¿Debe DeSantis firmar ley que cambia seguro de vehículos?

Si el gobernador promulga la ley SB-54, se beneficiarían las víctimas de accidente y se acabarían los reclamos por PIP, pero el mercado de seguros de auto podría ser afectado por el aumento de primas a pagar
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La opinión pública se encuentra bastante dividida tras la aprobación por el Congreso estatal de la ley que derogará la hasta ahora vigente Ley de No Culpabilidad en accidentes de tráfico, que elimina la cobertura de Protección Contra las Lesiones Personales, conocida como PIP, por sus siglas en inglés, mientras requerirá que los conductores tengan una cobertura obligatoria contra Lesiones Corporales o Bodily Injury, y un seguro de Daños a la Propiedad Ajena o Property Damage.

Entre los múltiples argumentos en contra de la norma, están quienes sostienen que la ley tendría efectos devastadores en las familias más necesitadas económicamente, además de aludir que la nueva norma es insuficiente para prevenir el fraude que pretende combatir y que su puesta en marcha aumentaría la cantidad de demandas y litigios, desbordando los tribunales.

El abogado especialista en lesiones personales John León expresó recientemente que “obligar a que los conductores tengan coberturas de lesiones corporales”, BI, por sus siglas en inglés, “probablemente provocará un aumento inmediato de los costos del seguro de auto y como resultado millones de conductores quedarían sin pólizas”.

Según los estudios citados por León las primas de seguro aumentarán un promedio de 25%. Es decir, entre 150 y 850 dólares anuales.

“Cuando el estado de Colorado derogó su PIP, vio un aumento del 16% de conductores sin seguro. Algo que puede suceder en Florida donde actualmente el 20% de los automovilistas carecen de seguro”, señaló.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Albert Quirantes, abogado criminalista y especialista en accidentes de tráfico, quien compartió interesantes puntos de vista de lo que considera una ley necesaria para proteger a las víctimas de accidentes.

“En la década de 1970, Florida aprobó la presente ley que tenía el objetivo de evitar el fraude y bajar los costos de los seguros. A partir de entonces no hacía falta probar quien tenía la culpa en un accidente de tráfico. Todo el mundo debía tener PIP con un mínimo de 10.000 dólares y 20.000 dólares en una póliza para proteger la propiedad ajena. Sin embargo, esta ley no exige cobertura para las víctimas de los accidentes”, comenzó su argumentación Quirantes.

Víctimas

Efectivamente, con la ley de no culpabilidad, cuando un conductor se ve envuelto en un accidente puede cobrar los gastos médicos por incapacidad de su propia compañía de seguro, habiendo causado o no el accidente.

“Es muy habitual que la víctima solicite los servicios de un abogado para tratar de cobrar por daños y perjuicios. Sin embargo, la mayoría de las veces, resulta rechazado el caso al no existir de dónde sacar dinero, ya que el culpable o carece de seguro o el que tiene es insuficiente, solo cubre PIP o PD”, comentó.

A pesar de Florida ser un estado de ‘no culpabilidad’, “tras un accidente, cuando la compañía de seguro termina de pagar los gastos médicos y los daños del auto de su cliente, emprende acciones legales contra el conductor culpable”.

Entonces, los jueces suspenden la licencia de conducir al dueño del vehículo culpable, mientras este no pague, alcance un arreglo de pago o se declare en bancarrota”, añadió.

Quirantes explicó que, desde hace años, él aboga por una norma que proteja a las víctimas de los accidentes: “La mayoría de estados que adoptaron la ley de no culpabilidad, lo hicieron diferente a Florida, obligaron a tener una protección para las víctimas, de por lo menos 10.000 dólares”.

Fraude

Debido a que la cobertura PIP significa 10.000 dólares por conductor y cada uno de sus acompañantes, los accidentes se convirtieron en algo muy lucrativo para las llamadas clínicas de accidentes. Por ello proliferan reclamos como Llámame, a mí primero. “Estas clínicas saben que van a cobrar 10.000 dólares de las compañías de seguro”, explicó el letrado.

“Muchas personas, que tras un accidente se encuentran bien, sin embargo, van a las clínicas a recibir cualquier tratamiento, atraídos por alguno de estos reclamos de los centros de salud”, subrayó.

“Innumerables personas sin escrúpulos llegan a inventar accidentes. ¿Te imaginas si dos autos chocan y en cada uno de ellos viajan cuatro personas, a cuánto asciende la factura? Estamos hablando de 80.000 dólares. Es lo que se conoce como Fraude PIP”, sostuvo.

Con la nueva propuesta, los daños los paga el culpable. La ley obligará a todos los conductores a tener protección contra las lesiones corporales de 25.000 dólares por persona y 50.000 por accidente. Mientras que los pagos médicos del conductor o MED Pay serán opcionales, aunque recomienda una cobertura de 5.000 o 10.000 dólares.

Conclusión

“Las personas que ahora mismo tienen el seguro mínimo permitido en el estado, van a pagar más”, reconoció.

Pero hizo la siguiente observación: “La ley de Florida define que el acto de conducir es operar un instrumento peligroso y establece que los automovilistas deben tener un seguro suficiente para cubrir los daños que puedan ocasionar al operar dicho instrumento. Algo que se incumple, cuando se contrata el seguro mínimo permitido”.

Por otra parte, el letrado consideró que mientras más personas aporten al seguro, esta acción debe repercutir de forma favorable en el precio de las primas.

Quirantes incluso negó que la nueva norma influya en el aumento de las demandas judiciales. “Aunque estamos en un estado de no culpabilidad, en todos los accidentes se busca al infractor y la compañía de seguro junto con los abogados de la víctima habitualmente se arreglan antes de ir a las Cortes. La realidad es que solo continuará pisando la Corte el 3% de los casos”.

A la pregunta de si el gobernador DeSantis debe firmar la ley, Quirantes sostuvo: “Llevo años pidiendo una ley bipartidista. Los únicos que no la apoyan son los intereses creados de ciertas compañías de seguros y algunos grupos de abogados especializados en litigios de PIP. Quienes defienden a las víctimas de los accidentes quieren que el gobernador firme la ley”.

Según el FBI, el fraude de los seguros en EEUU, sin incluir los seguros médicos, sobrepasa los 40.000 millones de dólares al año. Y cuesta a las familias un promedio de 400 a 700 dólares al año.

Si el gobernador ratifica la ley, entraría en vigor el 1 de enero de 2022.

[email protected]

@menendezpryce

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