Desmantelan grupo de Miami por fraude a fondos federales

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, los inculpados son Maylin Salado García, 34 años; Niubis García, 52; Oscar Enrique Pujadas, 32, y Sirce Rodríguez Rosales, 38.

Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer robo de fondos gubernamentales, robo de fondos gubernamentales, robo relacionado con programas que reciben fondos federales y robo de identidad agravado.

Acorde con documentos del caso, los acusados y sus cómplices presuntamente ejecutaron un “plan para enriquecerse” mediante el reembolso de dineros que “fueron depositados en cuentas bancarias personales y corporativas que controlaban esas personas para su uso propio”.

Los acusados y sus cómplices habrían utilizado Información de Identificación Personal (PII) “robada” para crear archivos de empleados falsos y fraudulentos ("archivos de participantes") y registros de salarios, según la Fiscalía.

Esos archivos de participantes y registros de salarios falsos se usaron como “prueba de empleo”, que mostraba que las personas estaban empleadas en empresas que los acusados y sus cómplices poseían y controlaban, así como en otras empresas, de acuerdo con las investigaciones.

Según documentos judiciales, Salado García trabajaba en Transition, Inc., una corporación sin fines de lucro ubicada en el condado de Miami-Dade, primero como supervisora de programa y luego como directora ejecutiva.

La firma Transition recibió subvenciones federales a través del estado de Florida, que se utilizaron para brindar capacitación laboral y servicios de colocación en la comunidad.

La Fiscalía explicó que Transition trabajó con el programa Boot Camp Reentry del Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade (MDCR), un programa financiado por el gobierno federal diseñado para brindar educación y capacitación a los reclusos en transición hacia “fuera de prisión”.

Entre abril de 2017 y febrero de 2019, mientras trabajaba en Transition, Salado García supuestamente creó archivos de participantes y registros de salarios usando PII “robada”, con el fin de obtener fondos federales sobre trabajos que nunca se realizaron, según las pesquisas.

También se alega que Salado García representó en los expedientes de los participantes que los empleados supuestamente trabajaban en empresas propiedad de sus cómplices; su madre, Niubis García, y su pareja, Oscar Enrique Pujadas.

Además, Salado García ingresó información de nómina falsa en el procesador de nómina basado en la web de Transition, incluidas sus cuentas bancarias y las de su “co-conspirador”, Rosales, para recibir pagos de depósito directo de los programas financiados por el gobierno federal que estaban destinados a los supuestos empleados.

Además, Rosales proporcionó a Salado García “PII robada” a fin de crear archivos de participantes fraudulentos, mientras que Pujadas también cobró los cheques de reembolso obtenidos de manera fraudulenta en una tienda de cambio de cheques, revelaron las investigaciones.

Salado García, Niubis García y Rosales hicieron sus comparecencias iniciales la semana pasada ante el juez federal Otazo-Reyes. Si es declarada culpable, Salado García enfrenta una sentencia máxima de hasta 87 meses, además de 24 meses consecutivos en prisión. Niubis García enfrenta una sentencia máxima de hasta 51 meses en prisión, y Rosales afronta una sentencia máxima de hasta 57 meses de prisión.

Las investigaciones del caso contaron con la asistencia de la Oficina del Inspector General del Condado de Miami-Dade. La fiscal federal adjunta Yisel Valdés está procesando el caso. La fiscal federal adjunta Annika Miranda tiene a su cargo la confiscación de activos.

La Fiscalía aseguró que una acusación contiene “meras alegaciones”, y todos los acusados se “presumen inocentes” hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.