“Lo que nos preocupa de verdad es que no se repitan casos como el de Darren Lee Rainey”, afirmó Melba Pearson, subdirectora de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), en referencia al prisionero que murió en 2012 en la Unidad de Cuidado Transitorio (TCU) del Instituto Correccional de Dade, una prisión dirigida por el Estado de la Florida.
Después del reporte oficial presentado por la fiscal estatal del Condado Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, en el que se exonera de culpabilidad criminal a los cuatro guardias que se encontraban de turno en el momento del fallecimiento de Rainey, ha habido reacciones de rechazo a ese fallo: “Durante 20 años no ha habido un solo oficial acusado por la fiscalía para que se le siga un juicio. Es una tendencia muy preocupante”, indicó Pearson, quien fuera vicefiscal estatal del Condado Miami-Dade.
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Tras leer el reporte de la fiscalía y el dictamen de la autopsia practicada por la doctora Emma Lew, subdirectora del Departamento de Medicina Forense de Miami-Dade, hay quien opina que han quedado varias dudas y vacíos.
¿Cómo pudieron aislar a un hombre diagnosticado como un paranoico esquizofrénico? ¿Cómo pudieron dejar sin asistencia, encerrado solo en una ducha, durante cerca de dos horas, a un interno que había terminado ahí porque lo habían encontrado embadurnado, en todo su cuerpo, con sus propias materias fecales? ¿Por qué la investigación de lo que sucedió se llevó a cabo dos años después de los hechos – Rainey murió el 23 de julio de 2012, a las 10:07 p.m.- y se retomó una autopsia que fue hecha, en su primera versión, el día después del fallecimiento del preso con la conclusión, por parte de Lew, de que era imposible determinar la causa o la forma en que perdió la vida Rainey?
“La clave aquí es que la prisión no está diseñada para cuidar a una persona con enfermedad mental. Rainey estaba en custodia de las autoridades por posesión de cocaína. La cárcel no es un centro de rehabilitación de adictos”, aseveró Pearson.
Y tal como lo señaló Lew en su informe forense, “había factores de riesgo por condiciones pre existentes” en la salud física y mental de Rainey. Por eso, después de cuatro años de sucedido el incidente, quien fue vicefiscal estatal en Miami-Dade llegó a la conclusión de que el fallecimiento del prisionero fue producto de una combinación de factores: la esquizofrenia, la arterioesclerosis cardiaca (de la cual el individuo en cuestión no había sido diagnosticado con anterioridad), la medicina antisicótica que le suministraban y el encierro, es decir, haberlo dejado solo en un baño durante un largo periodo de tiempo.
En pocas palabras, un accidente en el que nada tuvieron que ver los carceleros de la víctima, según lo dictaminó la fiscalía, basada en el informe forense.
Otros indicios
Sin embargo, hay otros indicios, según indican otros reportes, que aparentemente no tuvo en cuenta el informe de la fiscal. Uno de esos testimonios fue el de Harold Hempsted, un interno que estaba recluido en la TCU en el momento de la muerte de Rainey y quien denunció, en una extensa entrevista publicada por The Miami Herald, sobre los supuestos abusos cometidos en la cárcel estatal.
El reporte de Fernández Rundle dedicó varias páginas para exponer su posición acerca de lo dicho por Hempsted, a señalar supuestas inconsistencias sobre la secuencia del incidente y errores en las horas en las que sucedieron los hechos.
Pero otros testigos, que no fueron interrogados para tenerlos en cuenta en el informe final de la fiscalía, como Harriet Krzykowski, quien fue objeto de un extenso y detallado reportaje en la revista The New Yorker.
Krzykowski trabajó, de 2011 a 2013, como consejera psicológica en la esa cárcel estatal y en la misma unidad en la que pereció Rainey. Y no sólo pudo conocer, de primera mano, su testimonio, sino saber que no era la primera vez que, a manera de castigo, los guardias aplicaban a un interno la supuesta penitencia de “un chorro de agua caliente”.
De acuerdo con recuentos de varios presos, Rainey gritó desesperado y pidió que lo sacaran de la ducha porque el agua estaba muy caliente. Pero la médica forense, desde el punto de vista científico, no pudo confirmar esa denuncia. Como tampoco pude establecer que hubiera quemaduras mortales en el cuerpo del occiso, a pesar de que las personas que retiraron el cuerpo sin vida de Rainey de la ducha, donde había estado por casi dos horas, relataron que “se quedaban con fragmentos de su piel en las manos”.
Por lo tanto, la Fiscalía estatal no pudo tener suficiente evidencia, según las pruebas recolectadas y los informes periciales, para imponer cargos por conducta deliberada con el propósito de hacer daño, por asesinato premeditado o incluso por homicidio no culposo. “Quiero ser muy clara: la carga es para probar algo que vaya más allá de la duda razonable. Pero eso no quiere decir que no haya habido acciones criminales. Quiere decir que no se podría probar hasta cierto nivel en una corte”, precisó Pearson.
Para Pearson se trata de investigar si en el llamado Estado del Sol “se aplica la pena de muerte, en diferentes instituciones carcelarias, sin el beneficio de un juicio”.
Respuestas
El juez Steve Leifman, presidente del comité de la Corte Suprema de la Florida, que tiene como tarea recomendar respuestas concretas al serio problema de los enfermos mentales en las prisiones estatales, aseveró: “No hay ninguna solución a la vista”.
El reo Reiney fue remitido por la autoridad del condado floridano de Pinellas a la cárcel estatal en Miami-Dade, tras ser condenado por posesión de cocaína.
“Si hubiera sido procesado en Miami-Dade jamás lo hubiéramos enviado a la cárcel. Lo hubiéramos sacado de inmediato y puesto en tratamiento”, lamentó Leifman.
“El panorama de las personas con enfermedad mental, en el sistema carcelario de Florida, es terrible”, subrayó el juez, quien ha insistido, una y otra vez, en que “los casos considerados como delitos de bajo nivel, que fue el de Rainey, con enfermedades mentales severas, no deben ser enviados a prisión, en especial si no hay evidencia de una historia de violencia. La cárcel empeora la condición mental para una persona con esas características”.
Caso cerrado
El fallo de la fiscalía estatal cerró el caso. A la familia de la víctima le queda la opción de una demanda civil. Pero también hay asuntos, según Rainey, que podrían ser tratados de otra manera.
“Como funcionario elegido en las urnas, cada cuatro años, hay oportunidades [para cambiarlo si no está de acuerdo con sus decisiones]. Durante veinte años, los votantes han decidido que Fernández Rundle ha hecho el trabajo que ellos quieren que haga”.
Ante una decisión fiscal sin apelación, la alta funcionaria de ACLU centra su reclamo a cambiar las condiciones para que no se repita la tragedia de Rainey. Pero al final, todo dependerá de la presión que ejerza la sociedad para que esta situación no se repita.
Como dijo el juez Leifman: “Las cárceles de la Florida denotan un riesgo muy alto para personas con enfermedades mentales”.
La Fiscalía estatal responde
La fiscal estatal Katherine Fernández Rundle estableció la línea telefónica 305 547 3300 para contestar la inquietudes de los floridanos inconformes con su decisión, de no presentar cargos criminales contra cuatro guardias involucrados en la muerte del reo, que calificó de accidente.
Además, la Fiscalía publica un resumen del caso en su página oficial en internet Miamisao.com, en el que se detalla que Rainey salió de su celda para lavarse las heces, que fue vigilado por guardias y que, de acuerdo al médico forense, el reo "no tenía quemaduras de ningún tipo en su cuerpo".
En el texto se reconoce que las enfermeras dijeron que había quemaduras en el cuerpo del reo, pero en base a "áreas rojizas visibles en su pecho y extremidades", y "no debido a quemaduras".
Además la Fiscalía explica que su papel "está limitado" a determinar si hubo alguna violación criminal de la ley de Florida y si una posible responsabilidad criminal puede ser probada más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
El caso de Rainey salió a la luz pública en mayo de 2014 y destapó una serie de críticas al Departamento Correccional (DOC) de Florida, que habían sido planteadas por organizaciones de derechos civiles.
En 2015, el Gobierno de Florida endureció los controles en las prisiones estatales después de las denuncias sobre supuestos descuidos en sus cárceles, entre ellas la muerte de Rainey.
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