El gobernador Ron DeSantis declaró clausurado el centro de detención de los Everglades, pero una corte reclama documentos que confirmen su desmantelamiento definitivo
Vehículos de la Patrulla de Carreteras de Florida en la entrada principal del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz", el 22 de abril de 2026, en Miami, Florida.
AFP
MIAMI.- Una jueza federal de Florida ordenó al gobierno estatal y a la administración de Donald Trump que demuestren con documentación que el centro de detención migratoria de los Everglades, conocido como “Alligator Alcatraz”, quedó cerrado de forma permanente, después de que el gobernador Ron DeSantis anunciara su clausura el 25 de junio.
La decisión, adoptada en un tribunal del Distrito Medio de Florida, mantiene abierto un litigio que enfrenta a las autoridades con la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y expone, a la vez, el costo millonario de una instalación levantada en apenas ocho días.
La jueza de distrito Sheri Polster Chappell, con sede en Fort Myers, rechazó suspender la demanda que cuestiona las condiciones dentro del centro y advirtió que no había recibido prueba alguna de un funcionario estatal o federal con autoridad para declarar el cierre definitivo.
La magistrada concedió cuatro días a ambos gobiernos para entregar esa evidencia o explicar cuándo estaría disponible.
Los abogados del estado y del gobierno federal habían solicitado congelar el proceso con el argumento de que el anuncio de DeSantis dejó la disputa sin fundamento.
La ACLU, que presentó la demanda en julio de 2025 junto a la ACLU de Florida y Americans for Immigrant Justice, rebatió esa postura. De acuerdo con los litigantes, las autoridades solo ofrecieron declaraciones públicas dispersas y a veces contradictorias, sin respaldo documental.
“Nos complace que la corte exija evidencia clara e inequívoca de que la notoria 'Alligator Alcatraz' fue cerrada de forma permanente”, afirmó Carmen Iguina González, subdirectora de detención migratoria del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.
La abogada añadió que las garantías vagas del tipo “solo confíen en nosotros” no bastan y que su organización permanecerá vigilante hasta tener certeza del desmantelamiento.
El complejo abrió el 1 de julio de 2025 sobre una pista de aterrizaje aislada dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, tras una ronda de contratación de emergencia sin licitación.
En junio pasado, con la temporada de huracanes cerca, las autoridades trasladaron a los detenidos y presentaron la medida como temporal. Ese enfoque cambió el 25 de junio, cuando DeSantis se presentó en el sitio, junto al zar fronterizo Tom Homan, para declarar que ya no quedaban personas bajo custodia.
“Alligator Alcatraz cumplió la función para la que fue diseñada”, sostuvo el gobernador, quien atribuyó al centro el procesamiento de unas 21.000 personas y anticipó su desmantelamiento total en dos semanas.
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, notificó su intención de transferir el terreno, propiedad del condado, al Servicio de Parques Nacionales con fines de conservación.
El reclamo judicial coincide con las dudas sobre el costo real de la instalación, financiada con recursos estatales bajo reglas de emergencia que evitaron la competencia de ofertas.
Las autoridades estimaron en un inicio un gasto anual de 450 millones de dólares, pero documentos revelaron un ritmo cercano a un millón de dólares diarios para albergar a más de 4.000 detenidos.
Un recuento de comienzos de junio situó el pago de contratos en unos 335 millones de dólares, repartidos en 55 acuerdos vinculados al sitio de los Everglades y a su instalación gemela, “Deportation Depot”.
El estado solicitó un reembolso federal que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aprobó por 608 millones de dólares, una cifra negociada a la baja desde los 1.500 millones que Florida pretendía.
De ese monto, apenas unos 58 millones llegaron a las arcas estatales, y los propios abogados del estado admitieron ante la corte que el saldo podría no arribar nunca.
A esa incertidumbre se suman las cláusulas de “desmovilización” incluidas en los contratos, que habilitan pagos adicionales por el retiro de equipos y personal y podrían representar decenas de millones más para los contribuyentes.
De este modo, el desenlace del caso depende ahora de que los funcionarios presenten registros concretos que confirmen que el complejo no reabrirá.
Mientras esa prueba no aparezca, la demanda colectiva sigue vigente, la supervisión judicial se mantiene y la factura del experimento permanece sin saldar.
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