@jpernalete
Reunidos en El Arepazo Original, un grupo de venezolanos residentes en distintos lugares del sur de Florida se reunió este sábado en la mañana para conmemorar los hechos de violencia registrados el 11 de abril de 2002, donde civiles afectos al gobierno bolivariano atacaron mano armada a manifestantes opositores a Hugo Chávez.
“Estamos recordando esta fecha heroica, donde hace 13 años el pueblo venezolano se lanzó a las calles a acabar con la dictadura de Hugo Chávez, que en ese momento estaba acabando con la nación” dijo José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX).
A su juicio, la lucha permanece vigente ante la instalación de un régimen castro-comunista en manos del actual mandatario nacional, Nicolás Maduro. El gobierno actual de Venezuela ha registrado durante el 2014 y lo que va de 2015 los índices más elevados de represión armada hacia la disidencia política, perpetrada por funcionarios militares y policiales, además de la utilización de bandas de irregulares que operan bajo la definición de “colectivos”.
Diversas organizaciones pro derechos humanos también han llamado la atención sobre el sistemático acorralamiento por parte de los operadores judiciales. Tanto la Fiscalía General de la República, como los circuitos judiciales de esa nación, son señalados por diversos activistas y especialistas en la defensa de las libertades públicas, como ejecutores de sentencias en la “criminalización de la protesta”.
Durante el evento, Horacio Medina en representación de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami, expuso su testimonio vivencial sobre la lamentable fecha en la que la sociedad civil en Caracas se desplazó desde el este de la capital, donde se efectuaban marchas opositoras, hacia las cercanías del Palacio de Miraflores, al centro de la ciudad, para exigir la renuncia del fallecido gobernante venezolano.
Por otra parte, Colina informó sobre la recolección de firmas en apoyo a las medidas aplicadas por el gobierno de Barack Obama contra siete funcionarios del régimen venezolano acusados de violar derechos humanos de ciudadanos disidentes y de corrupción.
“Vamos a detener la campaña pues Maduro anunció no entregar en la Casa Blanca las firmas que dice que recogió contra la Acción Ejecutiva del gobierno de Estados Unidos […] esto representa el compromiso que tenemos los venezolanos que estamos fuera del país en seguir aportando nuestra lucha por el rescate de la democracia” concluyó.
