MIAMI.- Sólo tres días después de que la ley del Estado instaurara una nueva metodología para dictaminar la pena de muerte, la fiscal estatal Aramis Ayala aseguró que no volvería a solicitar la controvertida condena, en ningún caso, por considerarla inefectiva y causante de dolor a los familiares de las víctimas.
Se trata del primer caso de “rebeldía” contra la pena capital en la Florida, luego que el gobernador Rick Scott firmó la medida adoptada por el Congreso estatal que exige, según planteó la Corte Suprema de la nación, la necesidad de lograr un veredicto 10 a 2 del jurado.
“Lo he pensado mucho y está claro que la pena de muerte no es la mejor respuesta a los familiares de las víctimas y la justicia”, declaró la letrada, que atiende a los condados de Orange y Osceola, donde se encuentran los municipios de Orlando y Kissimmee.
Y la resolución de la fiscal Ayala incluye el case judicial de Markeith Loyd, acusado de la muerte de una teniente de la Policía de Orlando, Debra Clayton, el pasado 9 de enero, luego de haber matado a su ex novia Sade Dixon.
De hecho, la reacción del gobernador Scott no se hizo esperar, aunque sin recurrir a la suspensión.
“Estoy en total desacuerdo con la decisión y los comentarios de la fiscal estatal Ayala y le pido que se retire inmediatamente de este caso”, señaló el gobernador a través de un comunicado oficial.
“Ayala dijo claramente que no lucharía por la tenienta Debra Clayton y los policías que arriesgan sus vidas cada día”, añadió el gobernador.
Por otra parte, la fiscal general de la Florida, Pam Bondi, manifestó que la decisión de Ayala establece un “mal” precedente.
“Ayala está enviando un peligroso mensaje a los vecinos y visitantes de la zona de Orlando. Incluso más, se trata de una falta flagrante del deber y un vergonzoso incumplimiento de la ley como oficial constitucionalmente elegido”, opinó Bondi.
Perspectivas
Mientras tanto, un grupo de legisladores republicanos acudieron al Capitolio estatal para condenar la actitud de Ayala, quien hace apenas cuatro meses se convirtió en la primera afroamericana que es elegida fiscal estatal.
Incluso exigieron a Scott que tomara medidas contra ella, entretanto la calificaron de “ilegal” y a su decisión “deplorable”.
“Pedimos al gobernador Scott que la suspenda por no querer aplicar la ley para defender a los inocentes y castigar a los criminales”, reclamó Scott Plakon, representante de Longwood.
Sin embargo, la ley permite a los fiscales estatales decidir sobre el curso de los procesos judiciales que atienden, incluyendo la solicitud de la pena de muerte.
Dicho esto, sólo quedaría el temido proceso político en el Congreso estatal, a través del cual los legisladores podrían suspender a Ayala, si logran probar que “no cumple con la confianza depositada en ella y la ley del Estado que procura la pena capital para quien asesine a un miembro de la Policía”.
Antecedentes
Un año después de recibir una reprimenda del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por la forma en que durante años la Justicia en la Florida condujo el veredicto final de la pena de muerte, el Congreso estatal adoptó que sólo el Jurado podría recomendar la pena capital tras emitir un veredicto por mayoría absoluta, 12 a 0.
La causa de la resolución fue el análisis del caso de Timothy Lee Hurst, un hombre que fue acusado de la muerte del gerente de un restaurante, en 1998, que fue hallado culpable por un jurado muy dividido, 7 a 5, y más tarde condenado a muerte por un juez, que aparentemente no tuvo en cuenta las desavenencias de la fraccionada decisión.
A diferencia de otros estados, que requieren una decisión unánime del jurado para condenar a un individuo a la pena de muerte, Florida sólo exigía la mayoría simple, como sucedió en el caso de Lee Hurst.
Actualmente, 389 individuos aguardan ser ejecutados en la Florida, entre los que destacan unos 200, cuyas condenas no alcanzaron la mayoría absoluta.
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