Florida, junto a Missouri, Arkansas, Georgia, Ohio y Oklahoma, presentó una demanda tras considerar el plan de Biden como un “abuso de autoridad”
El plan de cancelación de deudas estudiantiles es presentado por el presidente Joe Biden como uno de sus logros en la Casa Blanca
APMIAMI.- Una coalición de estados liderada por Florida, y que incluye a Missouri, Arkansas, Georgia, Ohio y Oklahoma, emprendió acciones legales contra el plan de la administración del presidente Joe Biden que busca anular las deudas de préstamos estudiantiles.
Iniciada en el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Missouri, la querella legal impugna lo que se describe como un “abuso de autoridad” por parte del poder ejecutivo al llevar a cabo el “Plan SAVE” para la anulación de deudas educativas sin el aval del Congreso.
La demanda se dirige contra el presidente Biden, el secretario de Educación, Miguel Cardona, y el Departamento de Educación de EE.UU., tras criticar su método de apoyarse en “leyes anticuadas” para efectuar cambios de gran envergadura en la política.
Los estados querellantes sostienen que el plan de anulación de deudas puede suponer un “costo exorbitante para los contribuyentes”, ascendiendo a varios cientos de miles de millones de dólares.
El programa propone disminuir las cuotas para 25 millones de personas que obtuvieron préstamos para sus estudios y condonar completamente el compromiso económico de más de cuatro millones de prestatarios.
Igualmente, 10 millones de personas con deudas educativas recibirían un alivio financiero de al menos 5.000 dólares, mientras que a aquellos cuyas deudas han crecido significativamente por acumulación de intereses, se les perdonaría hasta 20.000 dólares en intereses.
Las personas con ingresos considerados bajos o medios que participen en los esquemas de pago verían anulados los intereses de sus préstamos. Según estimaciones de la Casa Blanca, esto beneficiaría a 23 millones de personas que tienen préstamos pendientes de pago.
Para el secretario de Educación Cardona, el programa responde a la necesidad de “mejorar la comunidad con un alivio de deudas”. Asimismo, dijo que actualmente hay muchas personas “pagando demasiados intereses”, por lo que se “está arreglando el sistema para que podamos darles el alivio automáticamente”.
Los estados querellantes también acusan a la administración Biden de infringir la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) por establecer políticas que consideran arbitrarias y fuera de los marcos legales establecidos.
La acción legal remite al caso “Biden v. Nebraska” decidido por la Corte Suprema, en el cual se juzgó una medida similar de cancelación de deuda como una invasión de la jurisdicción ejecutiva.
En este caso anterior, la Corte rechazó el año pasado una iniciativa similar de la administración Biden para la cancelación de deudas estudiantiles, que proyectaba un impacto presupuestario federal superior a los 430 mil millones de dólares.
La decisión del tribunal, por un margen de 6-3, determinó que el plan excedía las competencias de la administración al implementar una medida de tal magnitud fiscal sin el explícito respaldo del Congreso.
La nueva demanda critica la tendencia de la presidencia a utilizar “el lenguaje ambiguo de leyes pasadas para forzar cambios políticos importantes y onerosos sin el consentimiento popular”, describiendo este esfuerzo como un patrón de conducta que ignora la constitución.
Todavía no se ha determinado cuándo comenzará el nuevo plan. No obstante, desde la administración de Biden se ha indicado la intención de ponerlo en marcha antes de los comicios de noviembre, lo que podría favorecer la acumulación de apoyos para la reelección del presidente en un segundo período.
Críticas de la fiscal Moody
La fiscal general de Florida, Ashley Moody, declaró que “el año pasado, la Corte Suprema desestimó el intento ilegítimo de Biden de transferir la carga de la deuda a los ciudadanos estadounidenses. Ahora, Biden ignora descaradamente al tribunal, como lo ha hecho en diversas ocasiones, por ejemplo, con la inmigración, procediendo a su antojo para cancelar las deudas estudiantiles”.
A lo que agregó: “Nos opondremos en los tribunales para proteger a los estadounidenses trabajadores, quienes ya enfrentan dificultades económicas bajo la administración de Biden, de asumir deudas ajenas”.
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