La industria hotelera y gastronómica advierte sobre impacto del fallo de la Corte Suprema que elimina el TPS para haitianos y sirios, su efecto en la economía, la escasez de mano de obra, y la necesidad de directrices claras para los empleadores
Vista parcial de una playa en Florida, fuente de turismo.
AP MIAMI.- La industria de la hospitalidad de Florida lanzó un llamado urgente al Gobierno federal para evitar un impacto inmediato sobre miles de trabajadores y empresas tras la decisión de la Corte Suprema que permite a la administración del presidente Donald Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití y Siria.
La petición fue encabezada por la Florida Restaurant & Lodging Association (FRLA), que se unió a la National Restaurant Association y a otras 11 asociaciones estatales del sector para solicitar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un período de transición que permita a las empresas adaptarse a la pérdida de autorizaciones de trabajo de miles de empleados.
La preocupación del sector surge después de que, el pasado 25 de junio, la Corte Suprema resolviera en el caso Mullin v. Doe que la administración federal puede avanzar con la terminación del TPS para ciudadanos haitianos y sirios. Tribunales inferiores habían bloqueado previamente esa medida, pero el máximo tribunal levantó esos obstáculos, reduciendo significativamente las posibilidades de nuevas intervenciones judiciales.
El impacto podría sentirse con especial fuerza en Florida, donde trabajan aproximadamente 93.000 beneficiarios del TPS, quienes aportan cerca de 2.6 mil millones de dólares anuales a la economía estatal, según cifras citadas por la FRLA.
Además de su contribución económica, estos trabajadores ocupan puestos esenciales en restaurantes, hoteles y otros negocios turísticos, una industria que enfrenta una de sus temporadas de mayor actividad debido al verano y a las celebraciones del Día de la Independencia.
La situación resulta especialmente delicada porque las autorizaciones laborales de muchos beneficiarios haitianos y sirios expiran el 1 de julio, apenas tres días antes del fin de semana festivo del 4 de Julio, lo que, según las asociaciones, podría provocar una pérdida abrupta de mano de obra en pleno período de mayor demanda.
Ante este escenario, las organizaciones enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional solicitando tres medidas concretas para reducir el impacto sobre trabajadores y empleadores.
La primera petición consiste en establecer un período de transición de entre 90 y 120 días antes de que concluyan las autorizaciones laborales, con el objetivo de que las empresas puedan reorganizar sus plantillas sin sufrir interrupciones operativas durante la temporada alta.
En segundo lugar, solicitan que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) publique de manera urgente instrucciones claras sobre los procedimientos de reverificación de empleados, el cumplimiento de los formularios I-9 y del sistema E-Verify, así como las fechas oficiales que deberán utilizar los empleadores para cumplir con la normativa migratoria.
Finalmente, las asociaciones piden protección para los empresarios que actúen de buena fe siguiendo las directrices vigentes mientras el Gobierno emite nuevas instrucciones, de forma que no sean objeto de sanciones administrativas o investigaciones durante el período de transición.
La presidenta y directora ejecutiva de la FRLA, Carol Dover, afirmó que la decisión judicial tiene implicaciones tanto para los trabajadores como para las empresas que dependen de ellos.
"La decisión de la Corte Suprema tiene importantes implicaciones para los más de 93.000 beneficiarios del TPS que han construido sus vidas en Florida, así como para las empresas de hospitalidad y turismo y las comunidades que dependen de sus contribuciones", señaló Dover.
Añadió que, mientras los empleadores intentan comprender las consecuencias del fallo y continúan atendiendo a millones de visitantes durante una de las épocas más concurridas del año, la prioridad es que dispongan de "claridad, orientación y un período de transición razonable" para cumplir con los requisitos federales minimizando las interrupciones para empleados, empresas y comunidades.
En la misiva enviada al Departamento de Seguridad Nacional, las asociaciones advierten que muchos de los trabajadores afectados llevan años desempeñando funciones esenciales en restaurantes y hoteles y que su salida inmediata podría provocar graves problemas operativos.
También sostienen que una implementación inmediata del fallo generaría escasez de personal, afectaría el funcionamiento de miles de negocios y tendría consecuencias económicas negativas para numerosas comunidades que dependen de la industria turística.
Las organizaciones afirman estar dispuestas a colaborar con el Gobierno federal para facilitar la implementación de las nuevas disposiciones sin comprometer el cumplimiento de la ley ni la estabilidad del sector.
Además de la Florida Restaurant & Lodging Association y la National Restaurant Association, la iniciativa cuenta con el respaldo de las asociaciones de restaurantes y hospitalidad de Connecticut, Delaware, Georgia, Indiana, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Texas y Wisconsin.
La FRLA representa a más de 10.000 hoteles, restaurantes, parques temáticos, franquicias y proveedores en Florida. Según la organización, la industria de la hospitalidad genera cerca de 112 mil millones de dólares anuales en actividad económica y emplea aproximadamente a dos millones de personas en el estado.
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