MIAMI.- Más de un centenar de nuevas leyes comenzaron a regir este miércoles 1 de julio en Florida, introduciendo cambios que abarcan desde el sistema electoral y la seguridad pública hasta la educación, la regulación de los centros de datos para inteligencia artificial, la protección de menores, el acceso a medicamentos y el transporte. Las medidas, aprobadas durante la sesión legislativa de 2026 y promulgadas por el gobernador Ron DeSantis, guiarán la vida pública en el estado del sol ante los nuevos desafíos.
Marco electoral en Florida
Entre las normas de mayor impacto figura la HB 991, que comienza a aplicar varias de sus disposiciones destinadas a reforzar la seguridad electoral. Desde este 1 de julio, los delitos graves relacionados con el Código Electoral podrán ser procesados hasta cinco años después de su comisión y pasarán a ser considerados delitos de crimen organizado (RICO), lo que amplía significativamente las herramientas de investigación y procesamiento. La ley también endurece las penas por facilitar el voto ilegal de extranjeros sin ciudadanía estadounidense o residencia permanente y castiga con mayor severidad el fraude en la recolección y manipulación de firmas para iniciativas ciudadanas. Asimismo, desde el 1 de junio quedó expresamente prohibido que gobiernos extranjeros, partidos políticos extranjeros, empresas o personas sin ciudadanía estadounidense ni residencia permanente legal realicen contribuciones a campañas políticas en Florida.
Centro de datos
Otra de las leyes más relevantes es la SB 484, que crea por primera vez un marco regulatorio específico para los grandes centros de datos impulsados por la creciente demanda de inteligencia artificial y servicios en la nube. La norma obliga a que los complejos con consumos eléctricos de al menos 50 megavatios paguen el costo total de la infraestructura y del servicio que requieren, evitando que esos gastos recaigan sobre el resto de los usuarios. También mantiene la autoridad de los gobiernos locales para autorizar o rechazar estos proyectos mediante sus normas de planificación urbana, impide que sean clasificados como simples subestaciones eléctricas para eludir controles de zonificación y establece restricciones ambientales relacionadas con el uso intensivo del agua, incluyendo planes de conservación, audiencias públicas y estudios independientes sobre su impacto energético y ambiental. Además, prohíbe suministrar electricidad a centros de datos controlados por entidades vinculadas con países considerados de preocupación para la seguridad nacional.
Seguridad, nombres de aeropuertos y calles
En materia de seguridad, la SB 52 autoriza que voluntarios encargados de la protección en iglesias, sinagogas, mezquitas y otros lugares de culto puedan portar armas de fuego sin necesidad de obtener la licencia estatal exigida a los guardias privados de seguridad, ampliando así las medidas de autoprotección para las congregaciones religiosas.
También entra en vigor la HB 919, que otorga al estado la autoridad final para renombrar los principales aeropuertos comerciales de Florida, limitando esa competencia de los gobiernos locales. Como parte de esta ley, el Aeropuerto Internacional de Palm Beach pasará a denominarse President Donald J. Trump International Airport, una vez que se obtenga la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) y se formalicen los acuerdos correspondientes sobre el uso comercial del nombre.
Por su parte, la SB 628 designa oficialmente nuevos nombres honoríficos para varias carreteras estatales. Entre ellos destaca la designación de toda la State Road 80 como President Donald J. Trump Highway, en los condados de Palm Beach, Hendry y Lee. La ley también rinde homenaje a otras figuras públicas mediante el cambio de nombre de distintos accesos viales y carreteras del estado.
Endurecimiento de delitos sexuales y protección infantil
La HB 445, conocida como Missy's Law, amplía la definición legal de "delito peligroso" para incluir la pornografía informática y la explotación sexual infantil. Además, obliga a que cualquier persona condenada o que se declare culpable de uno de estos delitos sea detenida inmediatamente y permanezca bajo custodia hasta la sentencia, sin posibilidad de obtener libertad bajo fianza. La legislación surgió tras el asesinato de Missy Mogle, cuyo padrastro permanecía en libertad mientras esperaba la imposición de su condena por un delito sexual.
La HB 1159 incrementa las penas por delitos relacionados con el material de abuso sexual infantil y adapta la legislación a las nuevas tecnologías al tipificar como delito la creación, distribución o transmisión consciente de imágenes generadas mediante inteligencia artificial que representen a menores ficticios participando en actos sexuales, cuando una persona razonable pueda interpretarlos como menores reales. La norma también establece penas mínimas obligatorias para determinados delitos y crea un nuevo delito grave castigado con cadena perpetua por la explotación agravada de menores de 12 años.
La SB 212 endurece las restricciones aplicables a delincuentes sexuales condenados por delitos contra menores. A partir de ahora, quienes sean condenados después del 1 de julio no podrán residir a menos de 1.000 pies de una piscina pública. Asimismo, las fuerzas del orden podrán arrestarlos sin orden judicial cuando existan motivos fundados para creer que mantuvieron contacto con un menor en un lugar prohibido o ingresaron deliberadamente a una escuela en funcionamiento con estudiantes presentes.
Amplia reforma educativa
Entre las leyes de mayor alcance figura la HB 1279, considerada una de las reformas educativas más amplias de los últimos años. La legislación fortalece la protección de los estudiantes con necesidades especiales al exigir que las escuelas informen por escrito a los padres cuando un alumno no reciba alguno de los servicios establecidos en su Programa de Educación Individualizada (IEP), expliquen las razones y presenten un plan para compensar esos servicios. Además, garantiza a las familias acceso a los registros y evaluaciones elaborados por los especialistas.
La reforma también flexibiliza los requisitos de graduación al permitir que dos años de banda de marcha o determinados cursos de danza sustituyan créditos obligatorios, crea nuevas rutas académicas de matemáticas orientadas a carreras en ingeniería, salud, agricultura, manufactura y finanzas, uniforma el sistema de ponderación de cursos avanzados y amplía las oportunidades de educación virtual y de doble matrícula. Asimismo, actualiza las normas sobre el uso de dispositivos de epinefrina para emergencias alérgicas y flexibiliza los modelos de seguridad escolar que pueden utilizar las escuelas chárter.
Un aspecto a destacar de la ley es que otorga mayor flexibilidad a los Distritos Escolares para enfrentar las dificultades en las escuelas de bajo rendimiento. Cuando un Distrito tenga una o más escuelas con calificación "D" o "F" o catalogadas como persistentemente de bajo desempeño, podrá declarar una emergencia educativa y ofrecer incentivos salariales a los maestros, diferenciando la remuneración según su certificación, la materia que impartan o el grado que enseñen. Además, permitirá reasignar docentes de mayor desempeño a esos centros educativos sin que estas medidas estén sujetas a negociación colectiva, con el propósito de atraer y retener a profesores altamente calificados en las escuelas que más lo necesitan. Este cambio busca dar a los distritos más herramientas para mejorar el rendimiento académico de las escuelas con peores resultados, utilizando incentivos económicos y una mayor autonomía en la gestión del personal docente.
Cambios en escuelas de conducción y acceso a medicamentos
La SB 584 fortalece la supervisión de las escuelas comerciales de conducción al permitir que el Departamento de Seguridad Vial delegue funciones de fiscalización a los recaudadores de impuestos mediante acuerdos de cooperación. La ley les permite inspeccionar estos centros, exigir licencias, combatir prácticas fraudulentas y prohibir que representantes de escuelas privadas realicen actividades comerciales dentro de oficinas gubernamentales donde se tramitan licencias de conducir, evitando así conflictos de interés y posibles engaños a los solicitantes.
En el ámbito sanitario, la HB 697 busca aumentar la transparencia en el mercado farmacéutico y fortalecer la posición de las farmacias frente a los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM). La norma prohíbe que estos obliguen a las farmacias a vender medicamentos por debajo de su costo, exige mecanismos de apelación cuando los reembolsos sean insuficientes y obliga a reportar periódicamente esas reclamaciones al regulador. Además, destina 30,9 millones de dólares al programa de asistencia para medicamentos contra el VIH/SIDA (ADAP), con nuevas exigencias de transparencia y supervisión sobre el uso de esos recursos públicos.
Las nuevas regulaciones reflejan las prioridades legislativas de Florida para 2026, con un marcado énfasis en el fortalecimiento de la seguridad pública, la integridad electoral, la protección de menores, la regulación del crecimiento tecnológico y la modernización de sectores como la educación, la salud y el transporte.
[email protected]
FUENTE: State Library and Archives of Florida
