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MIAMI.- El próximo 8 de enero se posesiona el republicano Ron DeSantis, el nuevo gobernador de la Florida. Uno de los primeros temas que deberá atender es la posible suspensión del alguacil de Broward, Scott J. Israel, cuestionado por la manera como manejó la respuesta al ataque armado del joven Nikolas Cruz contra la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, que dejó 17 muertos.

Este miércoles, 2 de enero, salió a la luz pública el informe de la comisión estatal nombrada para investigar la manera como actuaron los oficiales del alguacil, y las autoridades de la secundaria, antes, durante y después del tiroteo.

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En el informe de 458 páginas, en su capítulo 3, se analizan y muestran las fallas en los sistemas de seguridad, la manera como reaccionaron los vigilantes en el interior de la escuela al ver al atacante, y la forma como la policía no pudo contener el ataque de Cruz, quien no sólo aprovechó todos los vacíos de seguridad del colegio, sino la inoperancia de las autoridades a la hora de enfrentar (o no enfrentar, como quedó demostrado) el ataque.

Israel ha insistido en que la respuesta dada por su oficina fue la adecuada. Asimismo, al otro día de la tragedia, en una rueda de prensa celebrada en las proximidades del colegio, los voceros de la policía de Broward insistieron en que esa fuerza estaba entrenada para ese tipo de emergencias.

Sin embargo, el extenso reporte pone en tela de juicio el papel de los oficiales y, dentro de la línea de mando, la responsabilidad cae sobre Israel.

La gran pregunta es si DeSantis, dentro de sus facultades constitucionales, suspenderá de su cargo al alto oficial.

Una de las propuestas de la comisión, que fue muy polémica el año pasado cuando fue llevada al seno del Parlamento estatal, es la de armar a algunos profesores. En la ley aprobada, tal decisión está en manos de los distritos escolares.

El de Miami-Dade y su junta escolar han sido muy claros en no permitir que pueda ser armado el personal de las escuelas. El mayor esfuerzo de ese distrito escolar ha sido en llegar a acuerdos con los diferentes municipios y el Condado para tener suficientes oficiales destinados a la vigilancia y protección de las 480 escuelas del distrito, incluidas las escuelas chárter.

 

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