MIAMI.– La Comisión del Condado aprobó esta semana un acuerdo interlocal que habilita a la Oficina de la Supervisora de Elecciones, dirigida por Alina García, a desempeñar funciones relacionadas con iniciativas, referendos y solicitudes de destitución, como la que un grupo de residentes descontentos impulsa contra la alcaldesa Daniella Levine-Cava.
Comisión destraba el procedimiento
El punto aprobado en la agenda del martes —impulsado por el comisionado Oliver G. Gilbert III— clarifica que la Supervisión de Elecciones está legalmente autorizada para desempeñar funciones relacionadas con iniciativas, referendos y solicitudes de destitución. Esto era indispensable porque, desde que el Departamento de Elecciones pasó a ser una oficina constitucional independiente, sus atribuciones solo pueden asignarse mediante ley estatal o un acuerdo formal con el gobierno local, como el que se aprobó este 3 de diciembre.
Sin ese acuerdo, la oficina de Alina García no podía ejecutar los pasos administrativos necesarios para que un grupo de votantes impulsara un proceso de destitución, recall. Tras la aprobación del convenio y la renuncia al período de veto por parte de la alcaldesa Levine Cava, la Supervisora de Elecciones envió el formato oficial de petición al secretario de tribunales, quien ahora debe revisarla, validarla y autorizar la recolección de firmas por parte de los promotores del proceso de destitución.
Alina García: garantizar el derecho de los votantes
García explicó que llevaba un año intentando que el acuerdo se concretara para evita privar de sus derechos a los votantes que buscan promover un proceso de destitución. Indicó que el Capítulo 12 del Código impone a su oficina funciones adicionales heredadas de cuando el departamento dependía directamente de la Comisión, lo que ya no era compatible con la estructura vigente sin un acuerdo interlocal.
La supervisora insistió en que su objetivo es ofrecer claridad, transparencia y un proceso uniforme para cualquier grupo que busque activar un recall, independientemente de la figura política involucrada.
Procedimiento para impulsar una destitución
Según la Carta Constitutiva del Condado y la Constitución de Florida, un proceso de recall requiere dos fases. Primero, la aprobación del formato de la petición por parte del secretario de tribunales. Luego, una vez habilitada, los promotores disponen de 120 días para reunir firmas equivalentes al 4% de los electores registrados, lo que equivale aproximadamente a 61.000 firmas.
Si la meta se alcanza, debe convocarse una elección revocatoria en un plazo de 90 días. El resultado se decide por mayoría simple.
Otaola critica el manejo del proceso
El influencer y exaspirante a la alcaldía Alex Otaola, conductor del programa “Hola Ota-Ola”, con más de 475.000 suscriptores en YouTube, fue uno de los promotores de la destitución de Levine-Cava. Declaró que lleva meses intentando entregar la documentación necesaria y acusó a la oficina de García de no ofrecer un procedimiento claro.
Otaola fue derrotado ampliamente por Levine Cava en las elecciones de agosto de 2024, obteniendo 11.8% de los votos frente al 57.9% logrado por la alcaldesa.
El asesor demócrata Christian Ulvert reaccionó al recall señalando que “un individuo rechazado por el 88% de los votantes ahora intenta coordinar un esfuerzo político profundamente errado”, en un momento en que, según él, los demócratas experimentan un repunte de apoyo en el condado.
Levine Cava: “Confío en el apoyo de la comunidad”
Consultada sobre el intento de destitución, Levine-Cava respondió con serenidad durante un evento no relacionado. Aseguró que ha servido “muy bien” a los residentes del condado y que confía en que la comunidad continuará respaldando su gestión.
La alcaldesa, de 70 años, fue electa por primera vez en 2020 y reelecta en 2024 con casi el 58% de los votos, siendo una de las pocas demócratas del sur de Florida que resistió la ola republicana en ese ciclo electoral.
Antecedente histórico: el recall de Carlos Álvarez en 2011
El último proceso de destitución exitoso en Miami-Dade ocurrió en 2011, cuando el entonces alcalde Carlos Álvarez fue removido del cargo en uno de los recalls más contundentes de la historia local. Más del 88% de los votantes que participaron apoyaron su salida.
Ese antecedente marca el estándar de lo que implica un proceso de recall en el condado: un esfuerzo complejo, costoso y políticamente intenso, que requiere un nivel significativo de movilización ciudadana.
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