MIAMI.- La noticia explotó en la prensa de España, mientras el gabinete del Gobierno español abordaba el plan de recuperación económica: Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y segundo vicepresidente de la jefatura del país, es investigado por el Tribunal Supremo por “supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito”, con fines electorales, en relación con el robo del móvil de su exasesora personal Dina Bousselham.

Según los reportes de prensa, el magistrado Manuel García Castellón considera que Iglesias “usó de forma fraudulenta, para lograr algún tipo de ventaja electoral de la causa abierta contra el exnúmero dos de Policía Nacional José Manuel Villarejo, a quien se le halló la memoria Sim del móvil de la exasesora” del líder de Unidas Podemos.

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Según señala el juez instructor, el editor de la desaparecida revista Interviú Antonio Asensio entregó a Iglesias la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Bousselham, tras haberla recibido de ‘alguien’, cuyo nombre no ha sido revelado aún.

“Pese a ello, se la guardó en su poder, sin decírselo a su propietaria, aun cuando ambos eran personas cercanas” y a pesar “del conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015”, continuó el juez.

En la memoria del móvil supuestamente extraviado fueron encontrados cinco documentos estratégicos del partido político y un chat privado en el que Iglesias hace un comentario ofensivo sobre una presentadora de televisión, además de “fotos comprometedoras, íntimas de Dina, con alguien cuyo nombre se desconoce”.

Parte de esa información terminó siendo difundida ‘por alguien’ en varios medios de comunicación.

Acorde al informe preliminar, Iglesias quiso culpar, durante la campaña electoral en 2019, a fuerzas del Estado español, que llamó “cloacas”, por “la filtración del contenido de la tarjeta, cuando ya sospechaba que la filtración pudo ser interna entre miembros de Podemos”.

De hecho, Iglesias insistió en que “grupos secretos buscaban socavar su credibilidad tras sus primeros éxitos electorales en 2015 y 2016, con la presunta inculpación en el robo del teléfono móvil”.

La exposición judicial incluye a otros miembros de alto rango de Podemos, así como a la propia exasesora por falso testimonio.

El juez asegura que, encabezados por Iglesias, todos ellos se pusieron de común acuerdo para “instar a los servicios jurídicos a ampliar la denuncia inicial formulada por Bousselham, tratando de disimular falsariamente una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015”. Lo hacen, prosigue el juez en su escrito, con una finalidad “estrictamente de oportunidad política”.

Aforo

De cualquier manera, Iglesias, que es el socio de turno del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es una persona aforada, que ejerce un cargo público importante y goza de derecho, en caso de ser imputado por el delito.

Si Iglesias es finalmente imputado, aunque no pueda ser procesado como otro ciudadano cualquiera, mientras sea vicepresidente segundo del Gobierno; “mucho daño podría hacer a él y al presidente Sánchez, en momentos que el resto de los partidos políticos miran con ansias acabar con la débil coalición política, que está sujeta con alfileres”, el profesor de Derecho de la Universidad de Lleida, la más antigua de Cataluña, Ferran Espaser.

Cesar

Entretanto, el líder de la oposición Partido Popular, Pablo Casado, pidió rápidamente a Sánchez “cesar de inmediato a su vicepresidente Iglesias” porque el Supremo investiga “por los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos”.

Y añadió que Sánchez “debe cumplir la misma vara de medir que exigió en su moción de censura” contra Mariano Rajoy, cuando logró los votos suficientes en el Congreso para destituirlo en 2018.

Por otra parte, Sánchez aseguró que habló con Iglesias “para trasladarle su apoyo” y aseguró que éste “mostró su total respeto por el procedimiento judicial”.

El presidente del Gobierno español aseguró que “no está preocupado” por las implicaciones políticas de esa resolución.

“Pues debiera estar preocupado”, ripostó el profesor de Derecho. “Si Iglesias es al menos imputado, le podría costar caro. Sería un golpe muy duro para su frágil administración de coalición, que apenas cuenta con los votos mínimos para seguir gobernando”, amplío.

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