MIAMI.- Enfrascado en una sinigual batalla con el cuerpo gubernamental de Florida, el juez federal Robert Hinkle, afincado en Tallahassee, anticipó que la decisión que tome a finales de mes sobre el derecho al voto de 17 expresidiarios que demandan al estado será aplicada a todos, unos 430.000 ciudadanos que aguardar por una solución.

Hace dos años y medio, el 6 noviembre de 2018, el electorado de Florida aprobó restablecer el derecho al voto a exconvictos, o sea quienes hubiesen cumplido sus condenas carcelarias, pero el Congreso del estado decidió restringir la norma a quienes no tengan ‘saldos monetarios pendientes’ con los tribunales.

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Desde entonces, legisladores estatales republicanos y demócratas se acusan mutuamente de “manipular” las intenciones de restablecer el derecho al voto, tratando de atraer a los “nuevos votantes” a sus respectivos partidos.

Entre tanto, la decisión del juez Hinkle ha pasado prácticamente desapercibida en medio de la tempestad creada por la crisis sanitaria del coronavirus.

No obstante, el director ejecutivo de Florida Rights Restoration Coalition, que fue uno de los grandes impulsores de la cruzada por el voto en 2018, declaró que “esta decisión representa una gran victoria en la lucha para restablecer los derechos de voto de los ciudadanos que regresan de Florida".

Y añadió: "Nos complace saber que el tribunal parezca ser coherente al colocar a las personas por encima de la política, que es el enfoque que hemos mantenido desde el comienzo de nuestra campaña de la Enmienda 4".

Desde el punto de vista legal, “es válido reclamar el pago de deudas para votar”, pero según el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates, “la enmienda 4 pidió claramente reinstaurar el derecho al voto a los expresidiarios, no cobrar deudas, siempre y cuando no hayan cometido asesinatos o violaciones sexuales”.

Según datos proporcionados por la organización sin fines de lucro ProCon, con sede en California, que atiende asuntos del pensamiento crítico en la sociedad; que el 10% de la población en Florida está privada del derecho al voto, lo que equivale a cerca de 1.5 millones de habitantes.

De hecho, el mismo informe certifica que el 23% de la población afroamericana está inhabilitada para votar por la presencia de antecedentes penales penitenciarios, que serían eximidos con la aplicación de la Enmienda 4 aprobada en 2018.

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