Una coalición transatlántica encabezada por congresistas de Florida y activistas opositores presentó “pruebas irrefutables” sobre la participación de militares cubanos en Ucrania
Audiciencia en Bruselas.
CORTESÍA ARCMIAMI.- El Parlamento Europeo en Bruselas se convirtió el miércoles en la trinchera de una ofensiva diplomática sin precedentes que amenaza con desencadenar la eliminación del Acuerdo de Diálogo Político (ADPC) entre la Unión Europea y el régimen de La Habana.
Legisladores federales y estatales de Florida, en estrecha alianza con las figuras más prominentes de la oposición cubana y el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), presentaron pruebas forenses y de inteligencia sobre el despliegue sistemático de fuerzas militares cubanas en la invasión rusa a Ucrania.
La delegación conjunta instó a las instituciones comunitarias a reconocer la beligerancia del régimen castrista y exigió la aplicación inmediata del Artículo 85 para suspender el ADPC, bajo la premisa de que los fondos europeos subsidian hoy la maquinaria de guerra contra un país candidato a la Unión.
La audiencia, titulada "Cuban mercenaries in Russia's war against Ukraine", trascendió el formato de sesión informativa gracias a la contundente gestión política de los representantes de Estados Unidos, quienes elevaron la denuncia a un asunto de seguridad hemisférica y global.
Los congresistas Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, junto con la senadora estatal de Florida Alexis Calatayud, articularon una estrategia de presión diplomática sin precedentes.
Díaz-Balart, a través de una intervención en video, desmontó la supuesta “neutralidad cubana” y calificó de incoherencia moral que la Unión Europea mantenga ayudas al desarrollo para un Estado que patrocina el terrorismo y exporta tropas de combate a suelo europeo.
Por su parte, el congresista Carlos Giménez aportó una perspectiva crítica de seguridad nacional. El legislador advirtió que la presencia cubana en el frente ruso no es simbólica, sino operativa, y vinculó las capacidades de inteligencia de La Habana con la desestabilización tanto en Europa como en las Américas.
Entretanto, la senadora Calatayud reforzó el mensaje y advirtió a las empresas y gobiernos europeos sobre las consecuencias legales y reputacionales de mantener lazos comerciales con una dictadura activa en un conflicto bélico internacional.
El impacto de la jornada se cimentó en la presentación de evidencia por parte de los líderes de las organizaciones que luchan por la libertad de Cuba.
Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actuaron como los principales fiscales morales y técnicos contra el acuerdo UE-Cuba.
Gutiérrez-Boronat desarticuló la versión del régimen sobre supuestas redes de trata de personas ajenas al Estado. Mediante un análisis exhaustivo de la logística de transporte y la emisión exprés de pasaportes, el líder opositor demostró que el envío de tropas es una operación de Estado a Estado.
Acto seguido, el activista denunció que La Habana ha mercantilizado a sus soldados, intercambiando "sangre por petróleo" y favores económicos con Moscú, y señaló directamente la participación de la agregaduría militar cubana en Rusia en la coordinación de los contingentes.
Payá centró su exposición en la financiación indirecta de la represión. La opositora argumentó que los recursos transferidos por Europa a través del ADPC no benefician a la sociedad civil, sino que fortalecen a las mismas fuerzas de seguridad que aplastaron las protestas del 11 de julio y que hoy envían efectivos a matar ucranianos.
Su intervención fue clara: “Europa no puede defender la soberanía de Ucrania mientras financia a su agresor caribeño”.
El consenso logrado por la gestión conjunta de los políticos de Florida y la resistencia cubana cristalizó en una demanda unificada: la activación de la cláusula de derechos humanos del ADPC (Artículo 85).
El citado artículo contiene la "cláusula de derechos humanos", que permite a cualquiera de las partes suspender el acuerdo de inmediato en casos de violación grave de los elementos esenciales del mismo.
Los ponentes argumentaron que Cuba ha incurrido en una violación material del acuerdo en dos frentes. En lo interno, se le atribuye la represión sistemática post-11J, las torturas a presos políticos como José Daniel Ferrer y la criminalización de la disidencia. En lo externo, la violación del derecho internacional y la Carta de la ONU al participar en una guerra de agresión, lo que contraviene los principios de paz y seguridad internacional que fundamentan el ADPC.
La audiencia concluyó con un llamado urgente a las instituciones europeas para detener el flujo financiero hacia la isla. La premisa establecida por la coalición es que cada euro enviado a La Habana bajo el pretexto de cooperación libera recursos del régimen para sostener su aparato represivo interno y su aventura militar externa.
Con esta acción coordinada, el liderazgo del exilio y sus representantes electos han puesto a la diplomacia europea ante una disyuntiva ineludible: elegir entre la complicidad con el eje La Habana-Moscú o la defensa coherente de los valores democráticos en Ucrania y Cuba.
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