Un tribunal de apelaciones autorizó la aplicación de una ley que prohíbe a no ciudadanos y no residentes de Florida recolectar firmas para enmiendas constitucionales
Jornada electoral en Miami Beach
CESAR MENENDEZ DLAMIAMI.- Un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito con sede en Atlanta suspendió una orden judicial que bloqueaba partes de una ley de Florida, permitiendo así que el estado prohíba a personas que no sean ciudadanas estadounidenses o residentes de Florida recolectar firmas para iniciativas de enmiendas constitucionales.
La decisión 2-1 se produjo en medio de un acalorado debate sobre los derechos de participación cívica y la integridad electoral, y surge tras campañas ciudadanas que buscan llevar a la boleta electoral temas como la legalización de la marihuana recreativa y la ampliación del acceso al aborto.
El tribunal de segunda instancia suspendió una medida cautelar emitida en julio por el juez de distrito Mark Walker, quien había calificado las restricciones como inconstitucionales.
En respuesta, las juezas de la corte de apelaciones Barbara Lagoa y Elizabeth Branch argumentaron que el estado demostró un “interés sustancial” en prevenir el fraude electoral, y que este interés se vería “menos protegido” sin los requisitos de ciudadanía y residencia.
En una enérgica contraposición, la jueza Nancy Abudu acusó a la mayoría del tribunal de analizar de manera “deshonesta” los precedentes de la Corte Suprema para "acomodar los caprichos legislativos inconstitucionales de un estado".
Abudu afirmó que Florida ha diseñado otro esquema para limitar la capacidad de sus ciudadanos de expresar sus creencias y desafiar el status quo.
La ley en cuestión impone una serie de obstáculos al proceso de enmiendas constitucionales liderado por ciudadanos, que ya es uno de los más estrictos del país. Además de la prohibición a no ciudadanos y no residentes, la legislación reduce el tiempo para la entrega de peticiones y establece multas de hasta 50.000 dólares por infracciones.
Organizaciones como Florida Decides Healthcare, que promueve la expansión de Medicaid, y Smart & Safe Florida, que respalda la legalización de la marihuana, argumentaron que la ley viola la libertad de expresión y obstaculiza gravemente su capacidad para recolectar las casi 900.000 firmas necesarias para incorporar una iniciativa en la boleta electoral.
Smart & Safe Florida informó que su recolección de firmas se redujo en dos tercios después de la entrada en vigor de la ley. Mitch Emerson, director ejecutivo de Florida Decides Healthcare, sostuvo que "esta ley no fue escrita para resolver un problema. Fue escrita para crear uno para las campañas de base y la gente común".
Entretanto, la decisión fue celebrada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien escribió en X que "ni los californianos ni los colombianos tienen derecho a recolectar peticiones de floridanos que desean cambiar la Constitución de Florida".
Por el contrario, grupos de derechos civiles como la ACLU de Florida y el Fairness Project condenaron el fallo, al que evaluaron como un "ataque a la democracia" diseñado para silenciar a los votantes y concentrar el poder en manos de los políticos.
La batalla legal sobre la constitucionalidad de la ley continuará en los tribunales, con un juicio programado para enero de 2026.
Mientras tanto, la decisión del tribunal de apelaciones permite al estado hacer cumplir las restricciones, lo que podría tener un impacto significativo en las futuras campañas de iniciativas ciudadanas en un estado donde los votantes han utilizado este proceso para aprobar importantes reformas.
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