MIAMI.- Cuarenta y uno de los 163 menores localizados durante la Operación Escudo Estatal fueron encontrados en Miami, la segunda cifra más alta entre las regiones participantes.
Los niños tenían entre dos meses y 17 años; las acciones desplegadas dentro y fuera de Florida generaron tres causas penales
MIAMI.- Cuarenta y uno de los 163 menores localizados durante la Operación Escudo Estatal fueron encontrados en Miami, la segunda cifra más alta entre las regiones participantes.
La movilización, desarrollada durante cinco días, combinó búsquedas sobre el terreno e información procesada en tiempo real para ubicar a niños y adolescentes reportados como desaparecidos.
Tampa Bay encabezó el balance con 46 recuperaciones. Después de Miami aparecieron Jacksonville, con 32; Orlando, con 21; Fort Myers, con 12; Pensacola, con ocho, y Tallahassee, con tres.
Las edades oscilaron entre dos meses y 17 años. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida indicó que muchos habían atravesado situaciones de abuso, negligencia, explotación o exposición a actividades delictivas.
La información oficial no permite afirmar que todos fueran víctimas de trata de personas o secuestro. Los expedientes incluían circunstancias diferentes y cada uno requirió una evaluación individual.
El alcance superó las fronteras estatales. Las acciones condujeron a localizaciones en otros seis estados, un territorio estadounidense y 12 países.
Quienes necesitaban asistencia fueron trasladados a centros donde recibieron atención médica, servicios sociales, apoyo psicológico y acompañamiento de especialistas. Los departamentos de Niños y Familias y de Justicia Juvenil gestionaron las decisiones sobre custodia.
La Oficina de Procesamiento Estatal de la Fiscalía General y la Fiscalía de Miami-Dade actuaron como asesoras legales y asumirán tres causas por delitos graves surgidas del operativo. No se ha informado en qué jurisdicción se originó cada expediente ni la identidad de los investigados.
El resultado deja una tarea más extensa que la localización: garantizar seguimiento, entornos seguros y servicios capaces de impedir que estos menores vuelvan a desaparecer.
