MIAMI.- El alquiler y el precio de las viviendas continúan aumentando y el Condado Miami-Dade plantea abordar una serie de nuevos incentivos para promover la construcción y abaratar los altos pagos .
El comisionado condal Kionne McGhee, que representa una amplia zona de Kendall y el sur de Miami-Dade, propuso un programa a prueba, que se extendería por los próximos 10 años, con exenciones fiscales a propietarios que proporcionen viviendas asequibles.
La propuesta también abarataría las tarifas de impacto que los constructores normalmente deben pagar, para compensar los costos asociados con el aumento poblacional de sus obras.
“Es hora de tomar medidas audaces”, señaló McGhee en una carta abierta a los miembros de la comisión condal.
“(Nosotros) debemos tomar medidas que nunca hemos tomado antes. Ideas que nunca hemos aplicado, y lograr hacer las cosas de manera que tanto el sector público como el privado puedan fomentar la rápida creación de viviendas asequibles para la fuerza laboral en todo el condado”.
El mes pasado, McGhee solicitó un exhaustivo estudio del problema de asequibilidad de viviendas para definir que si es "tan grave como para constituir una amenaza grave para el público en general" que amerite controles mayores.
El estudio sobre el alquiler y el precio de viviendas, una vez completado próximamente, será presentando al pleno de la Comisión.
Florida prohíbe a los gobiernos locales imponer controles de precios a propietarios que no estén bajo contrato gubernamental. O sea, la ley estatal no permite militar o controlar los alquileres, como medida ‘preventiva’ que favorece el libre mercado de la economía.
Todos los intentos de derogar la prohibición estatal de controlar los alquileres han fracasado. Este año, el senador Víctor Torres presentó el proyecto de ley SB 580. Ni él ni la representante Anna Eskamani, que presentó una propuesta similar en la Cámara Baja, la HB 6017, obtuvieron la necesaria audiencia para discutir la moción.
Hace apenas dos semanas, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, declaró “crisis de viviendas asequibles”, lo que liberó ciertas restricciones burocráticas para abordar la situación y agilizar el proceso que produzca soluciones.
De esta manera, la edil asignó 13.4 millones de dólares adicionales, que obtuvo del Gobierno federal, para pagar hasta 3.000 dólares a quienes estén atrasados en el pago de alquiler, según sus entradas económicas.
Para los inquilinos cuyos propietarios aumentan los alquileres hasta en un 20 %, el Condado cubre el aumento total durante tres meses. En casos de aumento de precios superior a eso, se pagará una parte de ese aumento.
El mes pasado, Miami-Dade duplicó a 60 días el aviso requerido que los propietarios deben dar a los inquilinos cuyos alquileres aumenten en un 5% o más.
“La economía de Miami-Dade se ha recuperado como ninguna otra en el país. Vivimos en el paraíso, donde verdaderamente sucede el sueño americano, y muchos quieren estar aquí con nosotros”, señaló la alcaldesa, y agregó que “lamentablemente, Miami-Dade se ha convertido en uno de los lugares menos asequibles para vivir”.
Unos días después de que comenzara la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020, una moratoria federal de desalojo fue establecida, que impedía a los propietarios desalojar a inquilinos que no podían pagar el alquiler por haber perdido sus empleos.
Esa moratoria de desalojo, que duró más de un año, dio como resultado que más de 15 millones de personas en todo el país deban hasta unos 20.000 millones de dólares a sus propietarios, según el Instituto Aspen.
Hay propietarios de inmuebles que apuestan por aumentarlos alquileres para compensar la pérdida de ingresos.
