MIAMI.- Una mujer de Miami enfrenta serias acusaciones por fraude al Gobierno federal, después de mentir para obtener ayuda económica del fondo de alivio COVID-19 y gastar el dinero en asuntos propios.
El caso de Daniela Rendón, de 31 años, fue presentado en el tribunal federal de Miami y la mujer es ahora acusada de siete cargos de fraude, así como lavado de dinero y robo de identidad agravado, según informó la fiscalía federal para el Distrito Sur de Florida.
Los fiscales expusieron que Rendon solicitó ayuda al fondo de Administración de Pequeñas Empresas y el Programa de Protección de Cheques de Pago, que fue habilitado hace dos años para ayudar a empleadores tras el paso de la pandemia de coronavirus.
Acorde con el informe, Rendon recibió alrededor de 381.000 dólares y optó por contar con una procesador de nómina para emitir cheques, tanto para ella como para sus familiares y amigos.
Asimismo, la mujer uso parte del dinero para comprarse un lujoso automóvil Bentley y alquilar un apartamento de lujo en Biscayne Bay, pagar procedimientos de dermatología cosmética y renovar sus zapatos de diseñador.
Si Redon es declarada culpable podría ser condenada hasta 20 años de prisión.
Fraude
La administración SBA estima que más de 80.000 millones de dólares han sido solicitados de manera fraudulenta, mientras el Servicio Secreto cree que la cifra supera los 100.000 millones de dólares.
Acorde con el informe, hubo personas que solicitaron la ayuda haciendo uso de nombres de empresas existentes o registraron nuevas empresas falsas, y dada la premura de la situación se emitieron ayudas que son ahora analizadas a plenitud.
Si bien los problemas de fraude y responsabilidad seguirán ocurriendo en los programas de ayuda de COVID-19, ya existe amplia evidencia de fraude generalizado, pagos indebidos y deficiencias en la responsabilidad durante la pandemia.
Por ejemplo, la organización GAO, que provee información sobre fraude al Congreso de la nación, informó que desde marzo de 2020 hasta el 13 de enero de 2023, al menos 1.044 personas se declararon culpables o fueron condenadas en un juicio por cargos federales de defraudar a los programas de ayuda de COVID-19.
Esto incluye el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y el programa de Préstamo por Desastre por Daños Económicos COVID-19 (COVID-19 EIDL), los programas de Seguro de Desempleo (UI) del Departamento de Trabajo (DOL) y los pagos de impacto económico emitidos por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas.
Además, hubo cargos federales pendientes contra al menos 609 personas o entidades por intentar defraudar a los programas de ayuda por el COVID-19. La cantidad de personas que enfrentan cargos relacionados con el fraude ha seguido creciendo desde marzo de 2020 y probablemente aumentará, ya que estos casos tardan en investigarse.
