MIAMI.- La polémica ley antidisturbios adoptada por el Congreso estatal de Florida y promulgada recientemente por el gobernador, Ron DeSantis, busca la protección de las personas y sus negocios contra cualquier acto de vandalismo. Sin embargo, quienes se oponen consideran que se trata de un ataque a la libertad de expresión.

El pasado lunes 19 de abril, DeSantis firmó el proyecto de ley HB-1, que cuatro días antes había sido aprobado, en tercera lectura, en el Senado de Florida por 23 votos a favor y 17 en contra.

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La ceremonia de la firma tuvo lugar en la oficina del sheriff del condado de Polk, donde el gobernador se dirigió a los medios, en rueda de prensa, para explicar lo que considera “la ley más fuerte de todo el país contra los disturbios”.

El jefe del ejecutivo expresó que la nueva norma “protege al estado de Florida contra el movimiento en favor de recortar los fondos a la Policía”. Un reclamo impulsado por activistas, tras una serie de incidentes relacionados con el uso de la fuerza policial sucedidos a lo largo de 2020, que tuvo su mayor expresión en el asesinato de George Floyd, en Mineapolis, por el agente Derek Chauvin.

Dificulta los recortes

Para muchos activistas, los recortes a la Policía no es otra cosa que desviar parte de los fondos al presupuesto de servicios sociales y otras iniciativas comunitarias que pudieran ayudar a reducir la delincuencia.

Sin embargo, la nueva norma promulgada por DeSantis dificulta que los gobiernos municipales puedan reducir el presupuesto de las agencias de orden público. Para ello implementa que, cada año, los gobiernos locales publiquen el presupuesto policial antes de ser aprobado por el órgano de poder local. En caso de existir una reducción, la ley antidisturbios permite que un oficial electo o un ciudadano lo impugne y presente una apelación en la Oficina del Gobernador, con copia al órgano de Gobierno local.

El gobernador, tras estudiarlo, hará una recomendación a la Comisión de Administración y ésta lo enmendará, lo ratificará o modificará de forma definitiva.

La ley también establece que un municipio es responsable civil por los daños causados durante una manifestación ilegal, si la agencia de orden público local no responde apropiadamente para proteger a las personas y la propiedad durante dicho disturbio. Y permite que un gobierno local sea demandado por los daños sufridos durante una manifestación.

“Vimos algunos poderes locales del país que impedían el trabajo de la Policía, cuando sus ciudades estaban ardiendo en llamas y las personas eran agredidas. Eso es incumplimiento de obligaciones. La ley es clara, si un gobernante local ordena retirar a la policía cuando suceden estos actos vandálicos, asume la responsabilidad de los destrozos que se puedan ocasionar”, afirmó DeSantis.

Sin embargo, para la alcaldesa del condado más poblado de Florida, Daniella Levine Cava, “esta ley está diseñada para disuadir a los floridanos de ejercer de manera segura su derecho a la libertad de expresión, protegido por la Primera Enmienda. Al tiempo que evita que los gobiernos locales asignen de manera efectiva los recursos de seguridad pública”.

Luego añadió: “Los líderes de Tallahassee deben centrarse en una legislación que ayude a nuestro estado a recuperarse de esta pandemia y en abordar problemas críticos, no en proyectos de ley punitivos que desalienten las protestas pacíficas y dificulten que los líderes locales establezcan presupuestos para mantener seguras a nuestras comunidades”.

Obstrucción de carreteras

La ley antidisturbios establece que es ilegal que una persona intencionalmente obstruya el paso libre, conveniente y normal de cualquier calle, autopista o camino público y otorga inmunidad legal civil a las personas que conducen en las autovías en el momento que los manifestantes las bloquean. “Es como crear una nueva situación de Stand Your Ground”, defender su integridad, en este caso en auto, sostuvo la senadora demócrata Annette Taddeo, quien votó en contra de la ley, aludiendo a la polémica ley existente en Florida que permite que una persona dispare contra otra en defensa propia cuando se sienta agredido, pudiendo alejarse de la situación que lo amenaza.

“Es cualquier momento, cualquiera podrá atropellar a las personas que se manifiestan por las calles de forma pacífica”, señaló.

“El partido de la libertad (republicanos) toma medidas enérgicas contra la libertad de expresión”, ironizó la demócrata.

Disturbios

La ley define el delito de disturbio agravado e incitación agravada a participar en un disturbio. El disturbio es “cuando alguien participa voluntariamente en un motín, junto a tres o más personas, y cooperan mutuamente para mantener una conducta violenta de la que resultan lesionadas personas, se daña la propiedad ajena o existe el peligro inminente de lesionar a alguien o infringir daños a la propiedad”.

La medida considera disturbio agravado, si en dicho hecho violento se reúnen más de 25 personas y estos causan daños de más de 5.000 dólares o algunos de los participantes van armados o bloquean las vías del tránsito, sean calles, autopistas o carreteras, por la fuerza.

La extensa ley antimotines establece que, si un individuo es arrestado por participar en una manifestación ilegal o en disturbios, deba ser retenido en la cárcel hasta que comparezca ante un tribual para que éste determine la fianza.

Crea el delito de intimidación en turbas, que prohíbe a una turba utilizar la fuerza o la amenaza de fuerza para obligar a las personas a actuar en contra de su voluntad.

También establece una sentencia mínima obligatoria de seis meses por agresión contra un agente, si el delito se cometió para promover un motín. Aumenta la clasificación del nivel de gravedad de dichas ofensas.

Según la nueva norma, comete un delito grave aquella persona que destruya, mutile, desfigure, dañe o elimine intencionalmente una tumba, monumento, lápida, túmulo funerario y todas sus estructuras, incluidas ornamentos, verjas y árboles.

El gobernador sostuvo que la ley demuestra que el estado de Florida se toma muy en serio la seguridad. “Si alborotas, saqueas y haces daño a los oficiales durante un disturbio, vas a la cárcel”, aseguró.

Entre los mayores detractores de esta ley se encuentra la comisionada de agricultura de Florida, Nikki Fried, quien declaró: “A este gobernador y sus aliados políticos les encanta hablar de la Constitución, mientras la destruyen con una legislación extrema como la HB 1. Silenciar el discurso de quienes buscan la igualdad es algo sacado directamente del manual de regímenes comunistas”.

“Los aspectos criminales de esta ley son completamente ilegales. La HB 1 no busca proteger a nadie, no busca la seguridad de nadie y no hace nada para mejorar las vidas de las personas. Surge simplemente para apaciguar el engaño del gobernador sobre una anarquía generalizada y es aterrador imaginar hasta dónde podría llegar para arrebatar los derechos y las libertades fundamentales con fines políticos. El mensaje de este gobernador y sus facilitadores es claro: el que no esté de acuerdo con él será silenciado”.

La llamada ley antidisturbios entró en vigor de manera inmediata, tras la firma del gobernador el pasado 19 de abril.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce

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¿Debería el gobernador DeSantis emitir medidas sanitarias de carácter obligatorio para todo el estado? 41.56%
¿Las medidas deberían ser potestad de los gobiernos locales según se requieran? 30.81%
¿Las medidas sanitarias deben ser decisión individual de cada persona? 27.63%
29616 votos

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