Desde el 1 de febrero de 2026, beneficiarios de SNAP enfrentan nuevas exigencias laborales, restricciones migratorias y límites en la compra de alimentos; Florida y otros seis estados figuran entre los más afectados
Beneficiarios del programa SNAP enfrentan nuevos requisitos laborales y restricciones en la compra de alimentos a partir del 1 de febrero de 2026.
CORTESÍA MARKETPLACE.ORG
Cambios en SNAP afectarán a millones de familias en Florida y otros estados, con recortes y nuevas condiciones de elegibilidad
PIXABAY MIAMI.- Desde el pasado 1 de febrero, millones de personas que reciben beneficios de SNAP, la principal asistencia alimentaria del país, comenzaron a cumplir nuevos requisitos y enfrentar recortes derivados de la ley federal One Big Beautiful Bill, que impacta a cerca de 42 millones de personas.
Entre los cambios más significativos se encuentran nuevas exigencias laborales:
Padres y adultos con hijos de 14 años o más también deben cumplir requisitos laborales.
Veteranos, personas sin hogar y jóvenes que salieron del sistema de crianza temporal ya no están exentos.
Los estados solo podrán extender beneficios en zonas con desempleo local del 10% o más.
La ley también modifica la elegibilidad migratoria: ciudadanos estadounidenses y algunos residentes permanentes legales mantienen acceso; otros inmigrantes legalmente presentes, refugiados y solicitantes de asilo quedan excluidos.
En cuanto a restricciones en la compra de alimentos, SNAP limita ahora la adquisición de productos altos en azúcar, como bebidas azucaradas, golosinas, snacks salados y postres preparados, que representan aproximadamente 20% del gasto mensual del programa.
Se estima que estos cambios generarán recortes de hasta 186 mil millones de dólares hasta 2034 y que los estados deberán cubrir hasta el 15% del costo de los beneficios. Entre los más afectados se encuentran Florida, Texas, Oklahoma, Louisiana, Colorado y West Virginia.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) afirma que las modificaciones buscan reducir fraude y fomentar responsabilidad laboral. Sin embargo, expertos advierten que la mayoría de los pagos indebidos se deben a errores administrativos y que estos cambios podrían incrementar la inseguridad alimentaria en millones de hogares.
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