El superávit no debe repartirse entre unos pocos, puede destinarse a infraestructura o aliviar condominios con costosos pagos, afirma comisionado de Miami Beach
El alcalde Steven Meiner junto a los miembros de la Comisión de Miami Beach y la administración de la ciudad.
X Alina T. Hudak Miami Beach MIAMI .– La Comisión de la Ciudad de Miami Beach debatirá este miércoles 29 de octubre una resolución para aprobar el Miami Beach Homestead and Tenant Relief Programs, una iniciativa que prevé entregar pagos únicos de 500 dólares tanto a propietarios de viviendas con exención de homestead, como a inquilinos elegibles, con un costo total de total de 11 millones de dólares.
El proyecto, patrocinado por el alcalde Steven Meiner y los comisionados Alex Fernández, Tanya Bhatt, Laura Domínguez, Kristen Rosen González y Joseph Magazine, busca repartir el superávit fiscal del año, lo que implica renunciar al requisito vigente desde 2002 que ordena transferir los excedentes presupuestarios al Fondo de Reserva de Capital, utilizado para financiar obras de infraestructura.
Sin embargo, el comisionado David Suárez se opone abiertamente a la medida, a la que considera “una maniobra política disfrazada de alivio fiscal”, y advierte que su aprobación podría afectar las finanzas públicas y violar la legislación estatal.
“Esto no es un reembolso, es una maniobra de campaña”, escribió Suarez en un mensaje dirigido a los residentes. “Una entrega de dinero público sin propósito público, diseñada para generar titulares antes de las elecciones”.
Según la resolución en agenda, cada propietario de una vivienda homesteaded recibiría un pago único de 500 dólares, mientras que un inquilino por unidad de alquiler podría aplicar a otro pago de igual monto, sujeto a verificación de ingresos y procesos de elegibilidad.
El programa, de aplicación en toda la ciudad, tiene como objetivo, según sus impulsores, “devolver parte del superávit a los contribuyentes” y ofrecer apoyo económico ante el alto costo de vida en la ciudad.
Pero Suárez advierte que el esquema beneficia desproporcionadamente a los propietarios de viviendas con homestead -aquellos que ocupan su vivienda- , que representan solo el 33% del total de residencias en Miami Beach, mientras que los inquilinos y propietarios de condominios sin exención, que constituyen la mayoría, recibirían menos o enfrentarían barreras burocráticas para acceder al beneficio.
“El 33% de los propietarios recibirían dos tercios del dinero”, explicó Suarez. “Y de ellos, unos 3.000 hogares valorados en más de un millón de dólares se llevarían 1.5 millones de dólares de este supuesto reembolso. No es justo para los inquilinos ni para las pequeñas empresas que sostienen nuestra economía”.
El comisionado también subrayó que los negocios locales no recibirían ninguna ayuda, a pesar de haber sufrido el impacto de la inflación y los altos costos operativos en la ciudad.
Suárez también sostuvo que la iniciativa podría violar la ley de Florida, que prohíbe a los gobiernos municipales devolver impuestos ad valorem una vez recaudados. Por ello, dijo que los autores de la resolución intentan presentar el plan como un “reembolso no ad valorem”, alegando que el dinero proviene de tasas o franquicias.
“El fondo general de la ciudad está co-mezclado, por lo que no hay forma de saber de dónde viene el dinero”, afirmó. “Pueden evitar llamarlo reembolso de impuestos y tratar de disfrazarlo, porque si le pones lápiz labial a un cerdo, sigue siendo un cerdo.
Si esto llega a los tribunales, probablemente un juez lo bloquearía y nadie vería un centavo”.
El comisionado advirtió además que sustraer los 11 millones de dólares del superávit dejaría sin financiamiento al Fondo de Reserva de Capital, que cubre la mayor parte de los proyectos de reparación y mantenimiento urbano.
“Si usamos ese dinero para un regalo electoral, el año próximo habrá que reemplazarlo con un aumento de impuestos”, alertó. “Las calles, las aceras y las tuberías rotas seguirán ahí, sin arreglarse”.
Como contraparte, Suárez presentó una alternativa “más justa, legal y de impacto real” para el uso del superávit, enfocada en aliviar los costos de recertificación de edificios, agilizar permisos, mejorar la infraestructura de agua y fomentar la educación ambiental.
Su plan contempla:
“Más del 80% de las viviendas de Miami Beach son condominios, y este plan no les da ningún alivio real”, dijo. “Yo propongo usar el dinero para resolver los verdaderos problemas: seguridad estructural, trámites lentos, contaminación del agua y falta de transparencia fiscal”.
La votación sobre el Miami Beach Homestead and Tenant Relief Programs se realizará este miércoles 29 de octubre, a partir de las 8:30 a. m. en la Sala de la Comisión del Ayuntamiento de Miami Beach, ubicada en 1700 Convention Center Drive, tercer piso. Los residentes también podrán participar de manera virtual a través de Zoom.
“Esto no se trata de ayudar a los residentes, sino de ayudar campañas de reelección”, concluyó Suarez. “Es hora de dejar de jugar con el dinero de los contribuyentes y empezar a arreglar los verdaderos problemas de la ciudad”.
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