A pocos días de entrar en vigencia una ley que prohíbe el uso de fondos del gobierno estatal en instituciones que practiquen abortos, 26 mujeres, afroamericanas e hispanas, fueron a una clínica odontológica, localizada en Liberty City, a buscar tratamientos de salud reproductiva.

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“Las mujeres fuimos a esa clínica dental en búsqueda de  servicios o atención ginecológica, porque fue allá a donde nos mandó el gobernador Rick Scott”, explicó Marcia Olivos, directora ejecutiva del Centro de Trabajadores de Miami.

De acuerdo con Olivos, quienes defendieron la ley HB1411 lo hicieron porque, según ellos, en el estado había 24 centros de salud por cada Planned Parenthood (entidad sin ánimo de lucro, financiada por aportes públicos y privados, que trabaja en el campo de la reproducción humana y ofrece servicios ginecológicos a las mujeres, entre ellos el aborto)  e incluso dieron una lista dentro de la cual había consultorios odontológicos, oftalmológicos y salas de primeros auxilios de las escuelas públicas, entre otras.

“Según el gobernador Scott, un oftalmólogo o un dentista puede hacer diagnósticos vaginales, o tienen los equipos para hacer una mamografía”, indicó Olivos.

Para los críticos de esta ley, que entra en vigencia el próximo primero de julio, la medida tenía nombre propio: Planned Parenthood.  Al cortar la financiación, con dineros públicos, a instituciones de su tipo, que no limitan su misión a hacer abortos, golpea la salud reproductiva de miles de mujeres sobre todo de bajos recursos.

Las mayorías republicanas del senado y cámara del estado votaron a favor de esa medida. Una de las motivaciones para  hacer una propuesta de este tipo fue la denuncia de la supuesta “venta ilegal de partes de fetos”, la cual salió en un video que fue subido a YouTube.

Los que se oponen al aborto y el Partido Republicano asumieron esa supuesta denuncia como una prueba irrefutable de que Planned Parenthood se estaba lucrando de los abortos que practicaba.

Dentro de tal contexto se dio esa iniciativa legislativa que busca, además, controlar y regular las instituciones que, eventualmente, pudieran hacer abortos en casos comprobados de violación, incesto o si el embarazo o parto puede poner en peligro la vida de la madre.

Además, la ley firmada por Scott hace esas excepciones y permite que la mujer acuda a una clínica certificada para interrumpir su embarazo. Los costos son reembolsados con dineros del Medicaid, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley.

Demostración

Este miércoles las mujeres que llegaron al centro odontológico de Liberty City buscaron demostrar, además, que no es cierto que haya muchas entidades públicas al alcance del bolsillo de las más pobres para servicios ginecológicos y de prevención de transmisión sexual.

“Esa es una clínica publica, como la que el gobernador dijo que podíamos ir, es decir, un centro proveedor de salud, pero no reproductiva”  dijo Olivos.

No se trataba apenas de una protesta. Varias de las participantes requerían de verdad servicios: una tenía una infección vaginal, otra estaba sangrando mucho. “Esa es la clínica de la comunidad, y por eso fueron allá”.

Pero como era de esperarse los dentistas no tenían ni el conocimiento ni los equipos para tratar las necesidades de las mujeres. “Estaban sosprendidos, como cualquier persona que tenga sentido común”, indicó Olivos. Y añadió: “La dignidad de las mujeres no vale nada, cualquier persona puede ver tu cuerpo. Las mujeres estamos demandando dignidad y respeto a nuestros cuerpos, a nuestra salud”.

Indicó que la mayoría son mujeres votantes, “ y vamos a expresar nuestro descontento con esas medidas”, enfatizó. 

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