MIAMI.- Un tribunal cubano confirmó que la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, deberán responder ante la justicia por publicar la visita de un agente del Ministerio del Interior (MININT) a su apartamento en La Habana.
Ambas están acusadas del presunto delito de actos contra la intimidad personal y familiar, contemplado en el artículo 393 del Código Penal de la isla.
“Ya el tribunal confirmó que mi mamá y yo seremos llevadas a juicio”, anunció la joven de 21 años en su cuenta de X.
El expediente se originó el 10 de marzo, cuando el suboficial Yoel Leodán Rabaza Ramos acudió al domicilio, situado en Alamar, para entregar una citación de la Seguridad del Estado dirigida a Silvente.
Madre e hija registraron el encuentro como medida de protección y después difundieron las imágenes. El funcionario alegó que la publicación vulneró su privacidad y lo expuso a amenazas tras revelarse su identidad.
La Fiscalía Provincial de La Habana dispuso el archivo definitivo el 13 de abril debido a que el delito imputado no podía perseguirse de oficio. La legislación exigía una querella directa de la persona que se considerara perjudicada.
La decisión dejó sin efecto las restricciones impuestas inicialmente, aunque permitía retomar las actuaciones si el supuesto afectado formalizaba su reclamo.
El escenario cambió el 6 de julio, cuando representantes del tribunal se presentaron en el apartamento para comunicar que Rabaza Ramos había iniciado la acción requerida. Las dos mujeres quedaron nuevamente sometidas al trámite penal.
Cubalex cuestionó los fundamentos de la acusación. La organización sostiene que documentar a un representante estatal mientras desempeña sus funciones no viola su vida privada, sino que constituye un mecanismo legítimo de control ciudadano.
La confirmación llega poco más de un mes después de que la opositora permaneciera casi 11 horas retenida en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Alamar.
Benítez Silvente acudió a esa unidad el 2 de julio en respuesta a una citación para recibir una “advertencia oficial”. Entró alrededor de las 10:02 a.m. y recuperó la libertad a las 8:56 p.m., cuando salió llorando y fue recibida con aplausos por allegados y activistas que esperaban en el exterior.
Según relató posteriormente, durante el interrogatorio fue amenazada con prisión por sus contenidos críticos y presionada para guardar silencio, colaborar con la Seguridad del Estado o abandonar el país.
La prolongada retención también le impidió asistir a una recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la residencia de Mike Hammer, encargado de Negocios de la Embajada estadounidense en La Habana. Había sido invitada a interpretar al piano el himno nacional cubano.
La activista ha denunciado además vigilancia frente a su casa, interrupciones de los servicios telefónico y de internet, limitaciones para desplazarse y presiones que, según afirma, provocaron la pérdida de su empleo.
Hasta el momento no se ha divulgado la fecha de la vista oral. Una eventual condena por el artículo invocado podría acarrear entre dos y cinco años de privación de libertad.
El avance de la causa convierte una grabación realizada dentro del hogar familiar en la base de una acusación penal contra quienes buscaban dejar constancia de la presencia de un representante del aparato estatal.