MIAMI.- La propuesta de ley en Florida HB 1, que busca reforzar las penalidades asociadas con protestas que se tornen “violentas”, es tildada de estar motivada por “ideas políticas” y el presidente del Senado estatal asegura que no lo está.

Durante una comparecencia ante la prensa en Tallahassee, el líder senatorial Wilton Simpson aseguró que no sabe por qué se tilda de “asunto político”, cuando se plantea que “si se ataca a un agente de la ley, debería haber sanciones sustanciales. Si se destruye propiedad privada, debería haber una multa sustancial por eso. Creo que todos deberíamos estar de acuerdo en esas cosas".

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Simpson señaló que el proyecto de ley antidisturbios está basado en el “sentido común".

Y añadió: “Si alguien arroja una botella de agua que ha sido congelada o un objeto o un ladrillo o cualquier otra cosa, debería ser penalizado".

DeSantis dio a conocer su visión de la legislación en medio de una serie de disturbios y protestas provocadas por interacciones policiales fatales durante el verano.

Hace apenas unos meses, durante las protestas masivas por la muerte de George Floyd, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anticipó que propondría una ley que protegiera “la propiedad pública y privada”, a lo que se ha sumado una serie de apéndices que preocupa a ciertos sectores de la sociedad.

La propuesta de ley “define el concepto disturbio público cuando al menos tres personas, con la ‘intención común de ayudarse mutuamente en conductas violentas y desordenadas’, causan daños o asaltan policías”, explicó el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.

En otras palabras, si la propuesta de ley es aprobada, una manifestación que resulte en daños a la propiedad por más de 5.000 dólares o bloquea el tráfico en una arteria urbana, se consideraría “disturbio agravado”, lo que sería clasificado de delito grave de segundo grado y conllevaría a una pena carcelaria mayor para “cualquiera que forme parte de la manifestación”, lo que aun está por ser definido.

Quienes se oponen a ello argumentan que “nadie que vaya a una manifestación sabe de antemano si la protesta será violenta” y que por lo tanto “cualquier manifestante, aún pacífico, pudiera estar sujeto a una detención” y que inclusive “podría afectar más a minorías, como los afroamericanos, por estar a menudo en la mirilla de policías”.

Pero DeSantis cree lo contrario. Que solo “trata de detener la violencia sin importar la raza o los motivos políticos”, y ahora, tras el asalto al Capitolio de la nación, el pasado 6 de enero, la propuesta es regenerada contra todo tipo de manifestación violenta.

Además, el proyecto de ley aboga por permitir a quienes sean afectados por las manifestaciones violentas demandar a las autoridades locales por “falta de protección”, lo que podría impactar las responsabilidades fiscales o el presupuesto de gobiernos locales.

De cualquier manera, la propuesta HB 1 enfrenta una fuerte oposición de demócratas en el Congreso estatal. Durante las audiencias programadas previas a la presentación final, más de 70 voces han expresado su opinión, muchos de los cuales criticaron la proposición.

Entre quienes repudian la propuesta figuran la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Florida, la Campaña de Florida por la Justicia Penal y la comisionada de Agricultura Nikki Fried.

Entre sus argumentos, los críticos sostienen que la medida atentaría contra el derecho de reunión y libertad de expresión de los manifestantes de la Primera Enmienda.

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¿Debería el gobernador DeSantis emitir medidas sanitarias de carácter obligatorio para todo el estado? 41.23%
¿Las medidas deberían ser potestad de los gobiernos locales según se requieran? 31.44%
¿Las medidas sanitarias deben ser decisión individual de cada persona? 27.33%
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