Para el Gobierno de Nicolás Maduro, el control de los ciudadanos es mucho más importante que garantizar un plato de comida para los venezolanos.
Esa es la primera lectura que se desprende de la noticia exclusiva que hoy publicamos en la portada de nuestro diario.
El chavismo destinará $1.000 millones de dólares a la instalación de 30.000 cámaras de seguridad en las principales ciudades del país, con la justificación de que es parte de su estrategia para combatir la escalada de violencia e inseguridad que sacude al país.
Los motivos para los que conocen las verdaderas intenciones del “heredero de Chávez” son claros: controlar a una ciudadanía que cada vez le es más adversa e impedir cualquier manifestación pública de descontento.
Maduro se siente débil en las urnas, prefiere encarcelar opositores y acude a las Fuerzas Armadas para instalar el costosísimo sistema de vigilancia, nombrado Proyecto VEN 991, que fue producido en China.
Una fuente consultada para esta nota y que tiene amplia experiencia en temas de contrainteligencia relacionados con el Gobierno venezolano, aseguró que las intenciones de este proyecto podrían ir más allá de neutralizar la delincuencia. “Hay quienes quieren saber hacia dónde se moviliza la gente en determinados momentos críticos, incluso eso ayuda para intimidar a los que estén pensando en conspirar, porque les estamos diciendo que los tenemos vigilados”, comentó.
El chavismo se sabe acorralado y, paranoico, quiere responder a la escasez y la pérdida de apoyo popular con la única receta aprendida de sus padrinos políticos de La Habana: el control y el miedo al Gran Hermano que, vigilante, escudriña cada paso de los ciudadanos como en una gran prisión.
