Al-Sisi aprueba nueva ley antiterrorista draconiana

La lucha antiterrorista se ha convertido en el principal elemento legitimador del régimen egipcio. Apenas medio año después de haber aprobado una ley antiterrorista, el rais egipcio Abdel Fattah Al-Sisi volvió a firmar ayer otra norma para combatir de manera más efectiva la insurgencia islamista que golpea el país árabe desde el golpe de Estado del 2013 y que ya ha segado las vidas de cientos de personas, la mayoría miembros de las fuerzas de seguridad. Las organizaciones de derechos humanos han censurado duramente la nueva legislación, que recorta libertades y garantías procesales para los sospechosos de pertenecer a una banda armada.

“La promulgación de la ley antiterrorista por el presidente Al-Sisi expande las leyes y decretos represivos que tienen como objetivo ahogar las voces disidentes y el ejecicio de los derechos fundamentales”, declaró Said Benarbia, director de la Comisión Internacional de Jusristas. “Las autoridades de Egipto deben asegurarse que la ley no se usa como una herramienta de represión y de que cumple los estándares de los derechos humanos y la ley internacional”, añadió.

Y es que la polémica normativa incluye una definición muy amplia y vaga de terrorismo. Por ejemplo, entre las actividades que pueden ser constitutivas de un delito de terrorismo incorpora "dañar la unidad nacional". La legislación recoge también la creación de tribunales especiales con el objetivo de acelerar los juicios contra los presuntos terroristas, una promesa hecha por Al-Sisi después del asesinato del fiscal general en un atentado con coche bomba en el mes de junio. Además, endurece las condenas por diversos delitos, que van de un mínimo de cinco años de cárcel a la pena de muerte.

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Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la imposición de elevadas multas a los periodistas que no ofrezcan la versión de las autoridades tras un atentado. En concreto, las sanciones pueden llegar a las 500.000 libras (unos 60.000 dólares), una cifra que podría forzar el cierre de medios de comunicación modestos. Ahora bien, en una primera versión de la ley, modificada debido a la presión del sindicato de periodistas, se establecía también una pena de dos años de prisión.

Otra polémica provisión es la que otorga inmunidad a los cuerpos de seguridad en el uso de la fuerza cuando "se enfrenten a una amenaza real e inminente" en la implantación de la nueva legislación. "Teniendo en cuenta el historial de uso excesivo de la fuerza de las fuerzas de seguridad ... la norma allana el camino para la impunidad", lamenta Mohamed Elmessiry, de Amnistía Internacional.

Precisamente, el pasado viernes tuvo lugar el segundo aniversario de la matanza de Raba al-Adawiya, el campamento de protesta que los simpatizantes del presidente depuesto, el islamista Mohammed Mursi, erigieron El Cairo. En el sangriento desalojo de los manifestantes murieron cerca de un millar de personas, según una investigación de la ONG Human Rights Watch. Hasta ahora, ningún responsable policial ha sido procesado. En el aniversario de la matanza, apenas hubo protestas por parte del partido de Mursi, Hermanos Musulmanes, descabezados por las detenciones y debilidades por las disensiones internas.

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"Esta norma nos retrotrae al período de Mubarak, ya que otorga al gobierno poderes muy similares a los del estado de emergencia a la hora de suspender los derechos fundamentales", apunta Elmessiry. Durante las tres décadas que gobernó Egipto el exdictador, destronado por la revolución de 2011, estuvo siempre en vigor la ley de emergencia. Sin embargo, en muchos aspectos, la actual ola de represión es más intensa. Mientras los Hermanos Musulmanes eran tolerados bajo el régimen de Mubarak, actualmente están considerados una "organización terrorista" y decenas de sus líderes y simpatizantes han sido condenados a la pena capital.

El régimen ha justificado estos contundentes recortes de libertades en la lucha contra una creciente insurgencia de carácter islamista. Según el instituto Timep, durante los primeros seis meses del año se registraron más de 700 atentados, casi el doble que en todo el 2014. La milicia que ha provocado los ataques más mortíferos y sofisticados es Wilaya Sina (Provincia del Sinaí), que hace unos meses juró lealtad al autodenominado Estado Islámico. El grupo yihadista, que tiene su base en la provincia del Sinaí, ya existía antes del golpe, pero se ha reforzado notablemente desde el 2013. La semana pasada anunció la decapitación de un trabajador croata.