JUAN CARLOS SÁNCHEZ*
Los cuatro partidos principales comprometidos con las negociaciones en busca del pacto (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) muestras más discrepancias que puntos comunes para formar un proyecto de coalición
JUAN CARLOS SÁNCHEZ*
El desgaste de la ingobernabilidad y la amenaza de la repetición electoral se ciernen sobre España, tras más de 100 días sin Gobierno, desde la disolución de las Cortes el 24 de octubre de 2015.
Con el pretexto de un ejecutivo en funciones, muy limitado en sus responsabilidades, y en medio de la incertidumbre que vive el país ante la incapacidad de sus fuerzas políticas para formar Gobierno, España podría acercarse a algunos de los peores récords históricos en la calificación mundial de vacíos de poder.
Los pronósticos sobre los encajes del futuro sistema parlamentario son realmente inciertos. Tanto que algunos constitucionalistas prevén que el país técnicamente podría estar entre 2 ó 3 meses más (en el mejor de los casos) hasta la configuración de un nuevo Ejecutivo de emergencia que sea capaz de representar a una España invertebrada, en la que algunas Comunidades (como es el caso de Cataluña) no ven claro su futuro dentro de ella.
Esta forma de jugar a la política y romper tras cada rueda de prensa la baraja de la negociación, delata la irresponsabilidad de la clase política española. Una actitud que antepone los intereses partidistas a las prioridades de la Nación, y que invalida al nuevo Gobierno para realizar cuanto antes los ajustes y las reformas urgentes que lo alejen de la zona de peligro de su deuda soberana: España es el séptimo país de la UE con mayor deuda pública, hasta alcanzar el 97,8% del PIB.
Los cuatro partidos principales comprometidos con las negociaciones en busca del pacto (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos) muestras más discrepancias que puntos comunes para formar un proyecto de coalición, con la suficiente capacidad de dirigir la política española en una situación de preocupante turbulencia institucional.
Después que Mariano Rajoy no lograra los apoyos suficientes antes de concluir la segunda ronda de contactos, el rey Felipe VI se ha armado de paciencia para proponer al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ponga en marcha la tarea de intentar aglutinar una mayoría parlamentaria que acredite el nuevo Ejecutivo. Pero España continúa en la incertidumbre, bajo el ultimátum de las urgencias económicas y el chantaje de la amenaza independentista.
Entre sus estrategias de última hora, el líder socialista Pedro Sánchez apremia un acuerdo de investidura con ‘Ciudadanos’ para dar cuenta a los 190.000 militantes del PSOE en la consulta del próximo sábado 27 de febrero, cuatro días antes del Pleno del Congreso. Por su parte, fuentes de la formación naranja, presidida por Albert Rivera, han confirmado que están muy cerca de cerrar acuerdos con los socialistas en temas como la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción o las políticas sociales.
Mientras, el seísmo de la corrupción, el descrédito de la clase política y el amenazante populismo que ha surgido al calor del descontento social continúan configurando el escenario político. La trama ‘Púnica’ en Madrid podría ser la gota que colme el vaso. Una vez más, la causalidad -llamémosla así- podría condicionar un panorama político más favorable para el PSOE en su camino al poder. ¿Por qué será?
Quizá el error -o el recelo- esté ahí. En que uno sólo partido o color político pretenda patrimonializar el proceso reformista que demanda el país. El carácter interclasista y plural, nada dogmático ni integrado en un tronco unánime de opiniones, fue algo consustancial al voto de las pasadas elecciones, derivado en una diversidad de partidos en busca de un gran pacto nacional, representado por hombres distintos con programas distintos dispuestos a defender los grandes intereses nacionales.
Por eso es urgente que las formaciones más aptas para gobernar, acaben con esta incertidumbre y pongan en pie un plan estratégico de gobernabilidad digno de tal nombre.
Pero la urgencia para la formación de un nuevo Gobierno tiene razones adicionales.
Como al día siguiente del 23-F frente al golpismo, el conjunto de los ciudadanos, fuerzas políticas, organizaciones sindicales y asociaciones cívicas deben exigir a los partidos políticos mayor responsabilidad, para defender el Estado de derecho, las libertades y la convivencia frente al acoso del modelo antisistémico.
Hoy el peligro golpista ha desaparecido, pero la emergencia de la anarquía y el separatismo, con su mantra radical de anticapitalismo y populismo, se han convertido en el mayor peligro de un régimen democrático de libertades, surgido en España tras la noche franquista y que amenaza con poner en riesgo la unidad y la convivencia de los españoles.
Con todo, es necesario no perder la perspectiva. La solución de la situación no gira en torno a un solo programa o a lo que un líder político -con más o menos carisma- diga o deje de decir. La clave está en que el nuevo inquilino de La Moncloa posea liderazgo y capacidad personales para llegar a acuerdos de enorme calado, algo que necesitará en su investidura y posteriormente para desarrollar un programa político con un equipo de Gobierno que exigirá mucha cintura y capacidad de diálogo.
Sería inexcusable que la España que guarda en su memoria, tras el largo paréntesis de la dictadura, la proeza cívica de la reconciliación, la que por encima de partidos de izquierda y de derecha supo edificar los sólidos cimientos de una de las democracias más ejemplarizantes de Europa, no estuviera ahora comprometida al máximo en el apasionante y difícil camino de su modernidad y consolidación constitucional.
(*) Analista y consultor