La Asamblea de la Resistencia Cubana y su secretario general, Orlando Gutiérrez-Boronat, llevaron a Londres campaña para retirar recursos europeos al régimen de Cuba
Orlando Gutiérrez-Boronat y el parlamentario britanico Mark Pritchard.
CORTESÍA ARCMIAMI.- La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) reforzó esta semana su campaña internacional para frenar los recursos europeos que sostienen al régimen de La Habana, después de que el Reino Unido confirmó que mantiene bajo revisión, sin fecha de ratificación, el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) suscrito con Cuba en 2023.
La decisión se conoció en Londres durante dos jornadas en las que ambas Cámaras del Parlamento examinaron la crisis humanitaria cubana, la represión política y el destino de la eventual ayuda, y coincidió con una ronda de gestiones de la coalición opositora ante legisladores y funcionarios británicos.
La ARC, coalición de 41 organizaciones prodemocráticas y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de Cuba, interpretó el aplazamiento como una señal de la creciente preocupación internacional por la situación de la Isla y como una oportunidad para que los gobiernos democráticos evalúen si esas políticas benefician al pueblo o al aparato estatal.
“Los gobiernos deben preguntarse si estos acuerdos están ayudando al pueblo cubano o al régimen cubano”, afirmó Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario general de la organización. “Esa es una pregunta que merece un análisis serio antes de otorgar legitimidad política adicional o nuevos recursos a La Habana”.
Gutiérrez-Boronat encabezó reuniones en la capital británica con miembros del Parlamento y altos funcionarios, entre ellos el diputado conservador Mark Pritchard, para abordar la crisis humanitaria, la situación de los presos políticos, las restricciones a la sociedad civil y propuestas para una transición democrática.
La coalición del exilio presentó, junto a Pasos de Cambio, un ‘Acuerdo de Liberación’ que reclama la excarcelación de los presos políticos, la restitución de las libertades fundamentales y la celebración de elecciones supervisadas internacionalmente, eje de una ofensiva diplomática que busca persuadir a los Estados democráticos de retirar el oxígeno político y económico a la dictadura cubana.
“Ahora no es el momento adecuado para entrar en un nuevo acuerdo y emprender nuevas áreas de trabajo”, afirmó Lord Collins de Highbury, representante del Gobierno laborista ante la Cámara de los Lores.
El funcionario explicó que la ratificación se demoró para que el Ejecutivo revisara su posición a la luz de la situación internacional, y fijó como prioridades inmediatas la atención de la emergencia humanitaria mediante agencias de Naciones Unidas y el abordaje de las violaciones de derechos humanos.
La declaración marcó un giro respecto de marzo de 2025, cuando el mismo Collins aseguró que el convenio se presentaría al Parlamento “a su debido tiempo”.
El acuerdo, firmado en La Habana en noviembre de 2023 por el anterior Gobierno conservador y ratificado por la Asamblea Nacional cubana en 2024, nunca llegó al escrutinio del Parlamento británico.
El anuncio se produjo después de que el diputado independiente Jeremy Corbyn planteara una pregunta urgente en la Cámara de los Comunes y responsabilizara a las restricciones navales y financieras de Estados Unidos por la escasez de combustible, los apagones prolongados y las dificultades hospitalarias.
El subsecretario de Exteriores, Chris Elmore, admitió que las sanciones estadounidenses limitan la economía cubana y su acceso a financiamiento, aunque atribuyó parte de la crisis a problemas internos y a la necesidad de reformas.
Varios legisladores conservadores rechazaron esa lectura: la ministra en la sombra Wendy Morton calificó de “vergonzoso” el historial de derechos del régimen cubano, mientras Pritchard describió a la Isla como un “Estado comunista de partido único” y reclamó canalizar cualquier asistencia a través de la Iglesia católica y organizaciones religiosas, y no del Gobierno.
La gestión de la ARC en Londres se inscribe en una ofensiva más amplia que ya alcanzó a la Unión Europea, donde la Alta Representante, Kaja Kallas, confirmó en mayo ante el Parlamento Europeo la revisión del acuerdo del bloque con La Habana, vigente desde 2016, al admitir que no había dado los resultados esperados.
En esa misma línea, el opositor José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, realizaron giras por Europa para exigir la liberación de los detenidos.
Esa organización contabiliza más de 1.200 presos políticos en Cuba tras la excarcelación de unos 2.010 reclusos en abril, en su mayoría comunes, en medio de una crisis económica marcada por apagones de hasta veinte horas y la escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible.
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