jueves 9  de  octubre 2025
DECLARACIÓN

Parlamentarios europeos piden clasificar a Cuba como Estado promotor del terrorismo

Una declaración firmada por 22 miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa acusa al régimen de dar refugio a terroristas y de su alianza con Rusia

Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.– Veintidós miembros de 10 países y tres bloques políticos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa solicitaron formalmente la clasificación del régimen de Cuba como un Estado promotor del terrorismo.

La petición se materializó en una declaración escrita, publicada el miércoles 8, que acusa al régimen de la isla de dar apoyo logístico a organizaciones terroristas, albergar a fugitivos y mantener una alianza estratégica con la Federación Rusa en su agresión contra Ucrania.

Acusaciones de peso

La declaración detalla el historial de Cuba en el soporte a grupos armados. El texto afirma que, durante décadas, la nación caribeña ha proporcionado "refugio seguro, entrenamiento y apoyo logístico" a organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, calificado como terrorista por la Unión Europea.

Los parlamentarios firmantes señalan que la dictadura cubana se ha negado a cumplir las solicitudes de extradición de líderes del ELN, invocando "protocolos de negociación de paz" para protegerlos y permitir la continuidad de sus operaciones.

Asimismo, el documento acusa a Cuba de albergar a fugitivos buscados por actos terroristas, como Joanne Chesimard (Assata Shakur) y William Morales.

Vínculos

Uno de los argumentos centrales del documento es la estrecha relación de Cuba con adversarios de Europa. La declaración denuncia una "integración estructural con la Federación Rusa" y una "participación y apoyo demostrado" en la guerra contra Ucrania, que incluye "el envío de mercenarios".

Además, los signatarios alertan sobre los lazos de La Habana con otros Estados considerados patrocinadores del terrorismo, como Irán y Corea del Norte, lo que, según ellos, facilita "actividades malignas" que socavan los intereses de la seguridad europea.

El texto también menciona el respaldo de Cuba al régimen de Venezuela, que contribuye a una crisis humanitaria regional.

Llamado

La iniciativa no se limita a una simple clasificación, sino que exhorta a los 46 Estados miembros del Consejo de Europa a tomar medidas concretas.

Los parlamentarios firmantes piden pausar cualquier proceso de normalización de relaciones con Cuba hasta que el régimen cese su apoyo a grupos terroristas, extradite a los fugitivos y rompa sus lazos con dichas organizaciones.

Adicionalmente, la declaración reclama la imposición de sanciones selectivas contra los funcionarios cómplices y un mayor apoyo a la sociedad civil cubana que aboga por reformas democráticas.

Reacción en el exilio

La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), con sede en Miami, celebró la declaración de los parlamentarios europeos como una victoria diplomática y política de gran calado. Su secretario general, Orlando Gutiérrez-Boronat, la calificó como "un paso contundente en el camino a terminar con el financiamiento inmoral europeo a la dictadura castrista".

Para la organización del exilio, esta iniciativa valida sus denuncias sobre el papel desestabilizador del régimen cubano en América Latina y el mundo, y su desprecio por el derecho internacional, especialmente a través de su alianza con Rusia en la agresión contra Ucrania.

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Orlando Gutiérrez-Boronat

Orlando Gutiérrez-Boronat

La organización opositora desempeñó un rol clave en la gestación del documento y respaldó enfáticamente las medidas solicitadas en la declaración, interpretándolas como una hoja de ruta para la política europea hacia la isla.

A juicio de la ARC, la declaración no es un fin en sí mismo, sino una herramienta fundamental para aislar al régimen mediante la desfinanciación europea y promover una transición democrática en Cuba.

Gutiérrez-Boronat reiteró su calificativo de "inmoral" para referirse a los fondos que Europa envía a la dictadura castrista, a través del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC), firmado en 2016.

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