Los accidentes de tráfico y las muertes en carretera en el estado de Florida, con especial incidencia en Miami-Dade, han vuelto a tomar una evolución preocupante en los últimos años; y lo peor es que las autoridades públicas (Miami-Dade Expressway Authority, Departamento de la Florida para la Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (DHSMV), Departamento del Transporte de la Florida (FDOT) y el Departamento de Transporte de EEUU) no han sido capaces de subvertir esta fatal tendencia de la siniestralidad.

Las cifras lo confirman: en 2016 se mantuvo una línea alcista en el número de accidentes y de fallecidos con 3.037 víctimas mortales en todo el estado sureño. Y ante esta tendencia, las administraciones competentes deberían hacer algo más que culpar al comportamiento de los conductores y a la intensidad de los desplazamientos (similar a la de cualquier otra área con la misma densidad de tráfico) y, en cambio, velar por la transitabilidad y calidad de las carreteras y calles cuya deplorable situación les cuesta en el caso concreto de los miamenses, además de su seguridad, del orden de miles de millones de dólares al año en más combustible y averías.

Hay voces, algunas de ellas autorizadas, que argumentan que no existe relación entre el mal estado de las vías y el aumento de los accidentes de tráfico. Sin embargo, no se pueden negar algunas evidencias que prueban una influencia decisiva de estos factores sobre la mortalidad: caos circulatorio por reformas continuas, pavimentación deteriorada, acumulación de curvas, mala señalización, error en los peraltes, abundancia de cambios de rasante, poca iluminación y escasas zonas de escape. Una alarmante realidad (el Palmetto con perfiles de tramo de riesgo elevado es un ejemplo claro) que debería mover a una reflexión sobre la inversión pública en mantenimiento de carreteras -para el cual los contribuyentes pagan sus correspondientes impuestos- que los Gobiernos (el federal, estatal y los locales) parecen haber olvidado por completo.

Negar que el estado de la red tenga relación con los accidentes es simplemente injustificable. Equivale a sacralizar la plegaria casuística de que los accidentes y las muertes se deben sólo al exceso de velocidad.

Las medidas de prevención y control para que el conductor respete las normas del tráfico deben mantenerse, por supuesto. Pero el aumento del número de fallecidos depende también de los factores antes señalados, más difíciles de corregir sobre los que no se actúa con contundencia, a los que se suman otros como las distracciones al volante de los conductores que atienden al celular o el mal uso de las luces intermitentes.

En cualquier caso, reducir el número de accidentes exige un inflexible cumplimiento de las normas de seguridad vial. Y para ello, las diferentes administraciones competentes han de velar por el buen estado del asfalto y la correcta señalización pero también deben poner en marcha medidas para desterrar de las vías a aquellos conductores que entrañan un verdadero riesgo. Una labor colegiada que realiza con denuedo la patrulla de carreteras de Florida, pero que exige más apoyo, lealtad y colaboración en todas las calles de la ciudad.

Por tanto, el tráfico en el sur de la Florida necesita un nuevo Plan de Seguridad Vial en su versión más completa, acompañado de un proyecto eficaz de mantenimiento de las carreteras. La autoridad pública (gobierno federal, estatal, condado y ciudad) es, en estos momentos, tan responsable como los propios automovilistas. No podemos permitirnos regresiones en una fría estadística que despacha vidas humanas.

El autor de este artículo es analista y consultor

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