La expansión de la dictadura de Cuba en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador en el siglo 21, además de la violencia con su modelo de crimen organizado y terrorismo de Estado, ha producido la suplantación institucional de la república y la democracia por normas que violan los derechos humanos, otorgan el control indefinido del poder, consagran la impunidad y llevan a la miseria. El seudo constitucionalismo del socialismo del siglo 21 es prueba flagrante de los crímenes dictatoriales que aún están impunes.
Es imposible recuperar la libertad y la democracia sin eliminar las leyes de la dictadura. Llegar al gobierno y mantener el sistema jurídico dictatorial del socialismo del siglo 21 equivale a tomar nominalmente gobierno pero no tener el poder.
La agrupación delictiva formada por Hugo Chávez, Fidel Castro y Lula da Silva fue presentada como populismo, insurgencia popular, lucha contra la pobreza, necesidad de cambio y narrativa revolucionaria, llegando a controlar toda Latinoamérica con la subordinación y condescendencia de sus víctimas: las democracias.
La constitución, “ley fundamental del estado, con rango superior al resto de las leyes que define el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos y que delimita los poderes e instituciones de la organización política”, fue convertida en el instrumento de dominación, de conculcación de derechos y libertades, de concentración del poder y de manipulación para someter con terrorismo de Estado e impunidad. Así lo prueban los más de 66 años de oprobio castrista en Cuba, más de 25 años de dictadura en Venezuela, la segunda parte de la dictadura desde 2007 en Nicaragua, más de 10 años de dictadura con Correa en Ecuador y más de dos décadas de dictadura/narcoestado en Bolivia.
Una Constitución Política tiene como mínimo que “garantizar derechos, limitar el poder, establecer el orden jurídico y promover la democracia”. La Constitución “es la norma suprema que debe proporcionar estabilidad y previsibilidad”. Es el instrumento que da “seguridad a los pueblos institucionalizando la libertad como fundamento de la organización política, social y económica”.
Todas las mal llamadas constituciones del socialismo del siglo 21 impuestas en Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador desconocen derechos humanos como la irretroactividad de la ley, la presunción de inocencia, la prohibición de esclavitud y servidumbre, el derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, el principio de legalidad, la protección de honra y la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho de rectificación y respuesta, el derecho de reunión, la libertad de asociación, el derecho de nacionalidad, el derecho a la propiedad privad, el derecho de residencia, la igualdad ante la ley, la protección judicial y más. Todos estos derechos son mandatorios en las Américas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José.
En el ámbito económico simplemente liquidan cualquier posibilidad de libre iniciativa, de inversión externa o de transparencia, porque son estatistas, centralistas y confiscatorias. En estas condiciones, agregadas a la corrupción y el entreguismo a dictaduras extracontinentales, el resultado es el sostenido camino a la pobreza y la miseria de los pueblos, mientras los grupos delictivos que detentan el poder amasan y lavan grandes fortunas.
Presenciamos hoy los extraordinarios esfuerzos del presidente Daniel Noboa de Ecuador para terminar con el narcoestado instalado por la dictadura de Rafael Correa, pero el marco constitucional dejado por el socialismo del siglo 21 urge una reforma que permita retornar a los principios de respeto a los derechos humanos y ejercicio de la soberanía nacional. Noboa tiene el gobierno, pero no puede ejercer el poder que en parte sustancial aún continua en manos de la delincuencia organizada disfrazada de política.
La esperanza de cambio que acompaña a Rodrigo Paz en Bolivia afronta la posibilidad de que el recientemente electo sea el cuarto jefe del narco estado plurinacional de Bolivia o el presidente de la República de Bolivia. La diferencia está solo en si asumirá el gobierno en el marco de la constitución de la dictadura o restituirá la república y la democracia, lo que significa que asumirá el gobierno preso del sistema de crimen organizado o tomará el poder para liberar a los bolivianos.
A Venezuela le aguarda la misma disyuntiva ante la inminente caída del cartel de los soles. La transición podrá acceder al gobierno en el marco del poder de la dictadura o restituir la república y la democracia, terminando el seudo ordenamiento jurídico del crimen organizado, sin impunidad y separando de la política los grupos delictivos.
La diferencia entre gobierno y poder es esencial.
Una transición debe -cuanto menos- terminar las leyes de la dictadura, evitar la impunidad y separar de la política a partidos, agrupaciones e individuos del crimen organizado.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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