Crónica de un fraude anunciado

Son varios los temas que componen el sentido de una verdadera democracia. Algunos de ellos tuve la ocasión de expresarlos en mi charla del Foro de Madrid que se desarrolló en Bogotá hace unos meses. La titulé “Una aparente democracia”. Esa charla, como varias otras, no pudo ser escuchada porque los ‘petristas’ boicotearon violentamente el foro, destruyendo el lugar de las reuniones, y los medios de comunicación no les dieron importancia a las disertaciones, sino a los actos violentos. Es decir, los generadores del terror consiguieron lo que querían.

Vamos a centrarnos en este escrito, en la parte electoral.

FECODE

Para el desarrollo de las elecciones actuales, la Registraduría ubicará 115.000 mesas de votación. La ley establece que solo pueden actuar como jurados de votación los ciudadanos que voluntariamente se inscriban para el efecto, pero a los funcionarios públicos sí puede darles esa tarea como una obligación. El plato está servido como lo ha estado hace varios años: se nombran jurados de votación a los profesores y maestros de la educación pública, quienes con muy escasas excepciones están afiliados al sindicato de FECODE, de clara orientación comunista, es decir en la situación actual son ‘petristas’.

THOMAS GREG & SONS, O DISPROEL

La Registraduría Nacional adjudicó un contrato por 1,2 billones de pesos a la empresa Thomas Greg & Sons, para la administración y tecnología de las elecciones de 2022. Esta firma está muy cuestionada en materia de imparcialidad política, puesto que entre 2002 y 2006 Juan Manuel Santos fue miembro de su junta directiva, y hay quienes presumen que sigue allí representado clandestinamente por algún testaferro. En esta ocasión, la firma se presentó con el nombre de Disproel, usando la figura de una unión temporal, pero sus integrantes son empresas derivadas o conexas con Greg. La firma lleva 18 años ganándose estos contratos y generando enormes dudas, provee entre otras cosas el software para inscripciones de votantes, inscripción de candidatos, selección y designación de jurados; para control de votación, revisión de firmas y para escrutinio; sistemas de autenticación biométrica y digitalización; publicación y custodia de los resultados. Semejante cantidad de tareas sanamente debería asignarse a varias empresas, pero eso no se les ha ocurrido.

En el año 2014 esa firma batió el récord mundial de efectividad, al contabilizar el 100% de los votos a favor de Juan Manuel Santos en tan solo 40 minutos después del cierre de las urnas. Esa velocidad de resultados no la tiene ningún país en el mundo y ningún estado de los EEUU, en donde el más eficiente se tarda por lo menos cinco horas. En Colombia, con urnas transportadas en canoas y a lomo de mula desde lugares muy apartados, ese día superaron todos los cálculos. Fue algo alucinante, digno de una película.

INDRA

La Registraduría le asignó el contrato de conteo de los votos y el escrutinio a la empresa española Indra, una firma que para el concurso de méritos compitió consigo misma, como lo dice Noticias Uno. Fue por 27.000 millones de pesos el 29 de diciembre de 2021. Se asignó en 22 días corridos. Bonita fecha para ese contrato en un país que en la práctica no funciona entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Es un contrato de adición al de Thomas Greg & Sons, y no tiene auditoría externa. Su auditoría es interna, ellos mismos se controlan.

Esta empresa ha sido utilizada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.

REGISTRADOR

A pesar de ser una persona modesta, que ascendió a pulso en su carrera profesional y por eso merece reconocimiento, en el desarrollo de sus labores su vida ha sido de muchos escándalos, entre los cuales por lo menos tres de ellos son muy graves, relatados por el portal La Silla Vacía, como la petición de 1.200 millones de pesos para salvarle una curul a Andrés Guerra Hoyos, o sus nexos con dos políticos corruptos de la Costa Atlántica llamados los Ñoños o el desvío de la investigación por ingresos de dineros de Odebrecht a Juan Manuel Santos. Después de estos casos, no se explica uno cómo las tres Altas Cortes de Colombia lo nombraron registrador nacional.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Esta institución fue regida hasta el pasado 7 de abril por el magistrado Luis Guillermo Pérez Casas, abogado del Colectivo José Alvear Restrepo, cuya tendencia política es bien conocida. Defensores de las FARC y acusadores sistemáticos contra los miembros del Ejército colombiano. Denunciados con pruebas fehacientes por conseguir testigos falsos en el sonado caso de Mapiripán, en el que se acusó a un distinguido general de la República de asesinar a unas personas, entre quienes varias resultaron ser terroristas de las FARC que habían muerto antes de los hechos denunciados.

ELECCIONES DEL 13 DE MARZO DE 2022

Tal como se temía, el manejo de las elecciones para Senado y Cámara de Representantes fue un desastre, y los resultados a todas luces demuestran la presencia de un fraude descarado. Sin embargo, el registrador sigue en su cargo, prometiendo que en las próximas elecciones todo va a ser transparente, y creando oficinas de control todas bajo su propia supervisión. Nadie en Colombia cree en la honorabilidad de las elecciones que vienen, ni en la rectitud y competencia de los funcionarios de la organización electoral.

El periodista Eduardo Mackenzie en su blog Colombian News denunció la gravedad de las trampas toleradas por el registrador, en cuyo contexto destaca la aparición de votos. Las cifras aumentaron las curules del Pacto Histórico de Gustavo Petro, que ya en el conteo inicial había subido desproporcionadamente de tres curules a dieciséis. Pero todavía no le daban mayoría absoluta en el Congreso. Entonces, aparecieron inicialmente quinientos mil votos, que se convirtieron en un millón una semana después del conteo oficial. Así los comunistas se aseguran la mayoría parlamentaria habida cuenta de las alianzas con otros partidos, como el de los narcotraficantes de las FARC, que son cinco.

Pero lo más grave: las del partido Verde, que es la antigua Alianza M-19, constituido por los terroristas indultados de ese otro grupo narcoterrorista, cuyas curules fueron incrementadas hace cuatro años en cinco asientos otorgados por los votos inexistentes de Antanas Mockus. Inexistentes porque la curul de Mockus, que obtuvo 540.000 votos, fue la que generó esos cinco escaños, con los que pasaron de cinco a diez, los cuales han debido desaparecer en el momento en que su curul fue anulada por el Consejo de Estado. Sin embargo, “debido a la pandemia” no lo hicieron. Es que hacer una resta cuando no conviene puede ocasionar contagios y lleva mucho tiempo. Aún no la han hecho.

Los senadores de las cinco curules generadas por un senador que no lo fue porque su curul fue anulada, llevan más de dos años legislando, votando, eligiendo y ganándose millonadas, con fundamento en unos votos inexistentes, porque la causa de los votos que fue la elección de Mockus desapareció. Pero curiosamente no desapareció el efecto. El presidente del Consejo Nacional Electoral era el magistrado Pérez Casas, miembro del Colectivo Alvear Restrepo. Cosas de la corrupción electoral, que tiene a Colombia al borde del abismo. Los votos ya no importan, ahí tenemos varios congresistas con las manos llenas de sangre y los bolsillos de dinero, sin un solo voto.

Hoy en día para las elecciones presidenciales el problema no es Petro, el problema principal en medio de muchos otros, es el registrador. Si no lo cambian, ya sabemos quién va a ser el presidente de Colombia por los próximos decenios. Parodiando al premio Nobel de Literatura “es la crónica de un fraude anunciado”.