Sonia Schott
El FBI define el terrorismo doméstico como todo acto violento cometido por individuos y/o grupos nacionales, para promover objetivos ideológicos políticos, religiosos, sociales, raciales o medio ambientales. Por eso, cuando Canadá anunció la designación del grupo de extrema derecha Proud Boys, con sede en Estados Unidos, como entidad terrorista, la conversación se elevó a otro nivel.
Este grupo forma ahora parte de una larga lista de organizaciones terroristas internacionales, que incluye a ISIS, Al Qaeda o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los Proud Boys, fundados por el activista de derecha canadiense, de origen británico, Gavin McInnes, cobraron vida en los albores de las elecciones estadounidenses de 2016, logrando acaparar gran atención durante los disturbios de 2018 y luego en las protestas de los últimos meses en Washington DC.
Un reporte anual publicado por el Departamento de Seguridad Nacional el año pasado concluyó que “los extremistas violentos por motivos raciales y étnicos, específicamente los extremistas supremacistas blancos, seguirán siendo la amenaza más persistente y letal a la Patria’ seguidos por los anarquistas y personas inspiradas en ideologías antigubernamentales y antisistema.
“El nivel general de actos relacionados con el terrorismo en Estados Unidos disminuyó a principios de la década de los años 1990, en comparación con las cifras de las décadas de 1970 y 1980, pero ha aumentado de manera constante durante los últimos cinco años, dijo Dale Watson de la subdirección Ejecutiva de la división del Contraterrorismo y Contrainteligencia del FBI, durante su intervención ante el Comité de Inteligencia del Senado, ya en 2002.
Watson dijo en esa oportunidad que los grupos terroristas nacionales de derecha a menudo amalgaman principios de supremacía racial y creencias antigubernamentales valiéndose de las garantías constitucionales de libertad de expresión y reunión para proteger sus actividades. Las fuerzas del orden sólo entran en escena cuando se transforma en una acción ilegal.
Lo sorprendente es que entre los extremistas que participaron en la toma del Congreso nacional, el pasado 6 de enero, había empresarios, donantes republicanos, miembros de milicias de extrema derecha, militares activos, propietarios de equipos deportivos profesionales y participantes de la teoría de conspiración QAnon.
Este grupo, QAnon, promueve una teoría conspirativa de alcance global, que lamentablemente ha arraigado en algunos sectores del movimiento pro Trump y que afirma que todos los presidentes estadounidenses, hasta la llegada de Donald Trump, han sido marionetas impuestas por una poderosa élite global que persigue el propio enriquecimiento y mantener su satánico culto pedófilo.
Ni la llegada de un nuevo presidente ha conjurado la amenaza subyacente de aquellos que creen que tienen el derecho de recurrir a la violencia para respaldar sus convicciones.
Lo preocupante es que miembros activos del Ejército estadounidense también se identifican con estos movimientos radicales, según el propio secretario de prensa del Pentágono, John Kirby.
El arresto de varios veteranos sospechosos de participar en el ataque al Capitolio ha encendido las alarmas en la Secretaría de Defensa.
El propio secretario de Defensa, Lloyd Austin, ordenó a todos los comandantes realizar una evaluación exhaustiva de sus unidades para asegurarse de que no haya evidencia de tendencias extremistas, aunque Austin dijo que la gran mayoría de su personal sigue siendo leal y devoto a la Constitución.
Al mismo tiempo, el Congreso dio un paso dramático al señalar a uno de sus miembros por mostrar simpatía por el movimiento QAnon.
La representante republicana Marjorie Taylor Greene fue destituida de sus funciones en los comités de Educación y presupuesto de la Cámara, debido a sus opiniones de apoyo a las teorías de conspiración.
Aunque la mayoría de los republicanos de la Cámara no votaron por destituir a Greene, tampoco se pusieron de pie para apoyar sus puntos de vista.
Taylor Greene lamentó luego sus “comentarios pasados'' aunque no se disculpó explícitamente.
Mientras tanto, el Senado sigue adelante con el juicio político a Donald Trump, quien ya dejó en claro que no asistirá a ninguna interpelación.
Los demócratas creen que es importante celebrar el juicio a pesar de la poca o ninguna posibilidad de condenar a Trump, pero confían en mandar un poderoso mensaje al país, de que nadie está por encima del estado de Derecho.
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