Cualquier país es propenso a la corrupción y no existe la varita mágica que la puede eliminar. Pero si el mal está institucionalizado y profundamente enquistado en la carne de la sociedad, la nación, como entidad viva, termina hundiéndose en la podredumbre.

En Cuba, lo que comenzó como método de supervivencia, dada la escasez de alimentos y oportunidades que ha caracterizado a la isla por los últimos cincuenta y tantos años, se ha convertido en una costumbre arraigada.

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Y es que allí todas las empresas gubernamentales, las que por orden absolutista reemplazaron al sector privado y hoy continúan siendo los grandes proveedores de todo, lucran con el dinero del Estado que las dirige y actúan como organizaciones secretas de criminales, que se reparten una buena parte de los bienes que supuestamente están destinados a la población.

El canal proveedor se nutre de sí mismo y “salpica” con beneficios monetarios a una gran colectividad, llámele altos funcionarios de las autoridades provinciales o municipales, oficiales de la Policía, el Ejército o cuerpo de seguridad estatal G-2, que permite el curso de la corrupción, mientras el Gobierno nacional mira entusiasmado, desde las gradas del poder, haciendo lo mismo hacia el exterior.

Sociólogos cubanos aconsejan “barrer de arriba a abajo las actuales estructuras directivas de producción y servicios del país”, aunque otros simplemente difieren porque “nada ayudará a cambiar la situación mientras persista el mal que la engendró”.

Y es que también se perfila el temor de una sociedad enviciada en la corrupción, que salte a males mayores en una eventual nación democrática, cuando disminuya el control social y político.

Entonces, no sólo se necesitarán 50 años para revertir el daño socioeconómico y cultural de otros tantos de dictadura y destrucción, sino también un milagro bien concebido, en forma de esfuerzo nacional, que libre al país de una hecatombe final.

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