Columna de opinión publicada en "EL UNIVERSO"

Sobraban razones para que el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, realizado por una desalmada turba, generara el rechazo de la opinión pública estadounidense, medios de comunicación y congresistas demócratas, incluso republicanos. Similar fue la reacción de la comunidad internacional, pues nada parecido había ocurrido en la bicentenaria historia de la más antigua, sólida y exitosa democracia del mundo.

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El presidente Donald Trump, primero, se negó a aceptar una derrota electoral confirmada por autoridades, tribunales, fiscales y jueces, para luego intentar torcer sus decisiones usando indebidamente su poder, parapetado en la denuncia de un ilusorio fraude electoral. Finalmente, incurrió en la temeridad de instigar a sus fanáticos seguidores congregados en Washington, para que impidieran la proclamación de Joe Biden como presidente electo e impusieran la suya. Como buen ególatra, en el que solamente cuentan sus pasiones, no le importó atropellar el imperio de la ley, institución medular de la democracia estadounidense.

A fines del siglo XX y principios del XXI, mutatis mutandis, es lo que habían hecho impune y exitosamente los presidentes Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en Ecuador.

Correa, al ser derrotado en la primera vuelta electoral también dijo falsamente que se había cometido un fraude. Cuando fue elegido en la segunda ronda y asumió en el Congreso Nacional la Presidencia, no juró que sometería sus actos a los mandatos de la Constitución. Violándola, anunció que convocaría a una consulta popular para que los ciudadanos se pronunciaran sobre la reunión de una Asamblea Constituyente. Y, usurpando atribuciones legislativas privativas del Congreso, expidió una ley en la que regló la forma en que serían elegidos sus integrantes.

Para conseguir que el Tribunal Supremo Electoral aprobara su arbitrario proceder, lo cercó con huestes conformadas por los violentos activistas del Gobierno. El atemorizado TSE, en lugar de desechar por su inconstitucionalidad el pedido presidencial, consultó su pertinencia al Congreso Nacional. Presionado por las hordas correístas y la amenaza del presidente de que convocaría la consulta popular por su cuenta, se pronunció favorablemente.

Para evitar que fuera clausurado por la Asamblea Constituyente, los legisladores dispusieron que se respetara el período para el que habían sido elegidos por el pueblo. Un enardecido primer mandatario ordenó al TSE que convocara a la consulta popular sin tal limitación, ucase presidencial que fue acatado sumisamente por sus integrantes, algunos previamente sobornados por el Gobierno. El Congreso sancionó el desacato con la destitución de su presidente, sin respetar el procedimiento establecido para el juzgamiento de funcionarios del Estado. En lugar de impugnar su pronunciamiento y buscar su rectificación, el TSE destituyó a los 57 diputados que habían votado en aquel sentido. Tan abusiva fue la retaliación, que resultaron cesados opositores que no habían participado en la votación y perdonados quienes, luego de haber votado favorablemente, se sumaron a las filas del Gobierno, incluido el presidente del Congreso.

Algunos legisladores fueron agredidos por las turbas gobiernistas y dos diputadas corrieron el riesgo de ser linchadas. Atendiendo el pedido de Correa, un fiscal y un juez iniciaron procesos penales en su contra, motivo por el que algunos se exiliaron en Colombia. Pudieron volver al país al consumarse la convocatoria a la Asamblea Constituyente y el magnánimo presidente anunciar que la persecución judicial era ya “inoportuna”. Los diputados destituidos fueron reemplazados por suplentes, reclutados por el Gobierno y enrolados en sus filas a través de la entrega de prebendas.

El Tribunal Constitucional dictaminó que la resolución del TSE era írrita y ordenó que los diputados destituidos se reincorporaran a sus funciones. Las violentas turbas correístas asaltaron su sede, de la que expulsaron a los indefensos y aterrorizados magistrados. Por su parte el Congreso, en lugar de cumplir con dicha resolución, condenar el atropello y ordenar el enjuiciamiento de sus autores, los destituyó sumariamente.

Fue así como en el Ecuador desapareció el Estado de Derecho y se instauró una autocracia, que gobernaría el país dictatorialmente por una larga década. No ocurrió lo mismo en Estados Unidos, gracias a la solidez de sus instituciones políticas, a que contaba con partidos y líderes de acendradas convicciones democráticas y a que continuó vigente la libertad de expresión. (O)

FUENTE: El UNIVERSO

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