En democracia, el poder de la mayoría para gobernar y el reconociendo de las minorías, se manifiesta en una elección con voto universal, libre, directo y secreto; sin embargo por efecto de la propaganda, la gente no vota por el ganador, sino por el que cree que va a ganar… y así gana la mayor minoría. La dictadura lo sabe, por eso se avoca a dividir al electorado en minorías, por eso diseñó el asalto al CNE utilizando el TSJ, lo cual no constituye un hecho aislado, ni un acto más del legado de arbitrariedades y controvertidas decisiones cuestionadas desde sus ilegítimos inicios; ensaya una nueva pirueta para retener el poder, un subterfugio para ocultar las fechorías que se le atribuyen y califican mundialmente como narco estado, un estado fallido lleno de delincuentes cuya cabeza tiene precio.

Sentencias ordenadas por el Ejecutivo, como el nombramiento de Magistrados Express del TSJ, el supuesto desacato de la AN; la convocatoria a la elección ilegal de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el ilícito dictamen para efectuar fraudulentas elecciones presidenciales adelantadas, concretadas en mayo de 2018 y que culminaron con el fraude usurpador, así como la designación del Contralor y Fiscal de la Nación, también competencia de la AN por selección meritocrática, exponen de manera irrefutable y catastrófica el carácter autoritario y transgresor de Nicolás Maduro y sus secuaces.

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Pero hay que seguir ganando elecciones para ocultar la verdadera cara del mal, aunque sea de manera fraudulenta; de allí el interés por apropiarse del CNE bajo el argumento baladí de la “omisión legislativa”, sin sustento legal, a sabiendas de que la Constitución faculta y obliga a la AN, en lapsos de tiempo estipulado y descargo de requisitos apropiados, a cumplir con el acto parlamentario de elección de los miembros del Poder Electoral (CNE), sustentado en la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) y sus respectivos reglamentos y procedimientos legales, exigencias acatadas sin ofrecer indicio alguno de la negligencia a la que se aferra la sentencia utilizando argumentos anodinos, espurios e indecentes, apalancados por desahuciados políticos que vendieron su conciencia amparados en organizaciones mercenarias que sirven de escolta a una patraña que trata no solo a socavar el derecho a elegir, sino distraer la atención sobre el acoso civil por la protesta que origina la escasez de productos de la cesta básica, medicina, electricidad, gas y gasolina, que hacen inhumana la vida cotidiana del venezolano.

Y el régimen va aún más lejos, alentando un clima de degradación moral, de baja autoestima, desprecio por los demás, amparando la violencia y la anomia, desorientando la misión de organizaciones sociales imprescindibles para la cohesión social, desmejorado su funcionamiento para que pierdan la confianza de la gente; debilitando la autoridad, que se hace impotente y sus representantes sin credibilidad, desfigurando normas que pierden sentido y fuerza, acomodándose a la interpretación y conveniencia individual, pisoteando la esperanza y expectativas de ascenso económico y social que ahora es de pesimismo y temor.

Una artimaña para desestimular a la gente deslegitimando sus instituciones tradicionales, implementada desde el Foro de Sao Paulo bajo el disfraz del progresismo, la nueva fachada del comunismo, con el despropósito de aplicarla en Venezuela, donde han encontrado El Dorado para sus nefastas pretensiones; un escabroso intento por anular la convicción democrática incluida en el ADN del pueblo que con certeza rechazara este desprecio contra los principios y valores libertarios que enarbolaron para su independencia.

El autor es gerente de comunicación de VenAmérica

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